El Gobierno justificó el proyecto de Reforma a la Justicia con el argumento de que su objetivo era el fortalecimiento de la administración autónoma de la rama Judicial, el robustecimiento de su eficacia y la descongestión de los despachos, pero lo que se aprobó en el Senado el pasado jueves parece un pacto de mutuos beneficios entre las altas cortes y el Congreso.
Faltando sólo dos debates para convertirse en ley, uno en la Comisión Primera de la Cámara y otro en la plenaria de esa corporación, la Reforma seguramente no tendrá modificaciones de fondo, sino de forma, en virtud del acuerdo al que llegaron los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial el 3 de mayo pasado, del cual se marginó el Consejo de Estado.
La negociación de mutuos beneficios entre el Congreso y las altas cortes está muy lejos de ayudar al fortalecimiento de la administración autónoma de la rama Judicial, pero al Gobierno no le preocupa esto, a juzgar por lo que dijo el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, en una entrevista con Argemiro Piñeros para Colprensa: “Pueda que en el Congreso haya gente que dice que beneficia más a las cortes, pero si van a las cortes, allá dicen que beneficia más al Congreso, lo cual hace que sea una reforma que tenga cierto equilibrio”.
Los congresistas se benefician con la doble instancia para su juzgamiento, con un procedimiento tan engorroso y con tantos requisitos, que será un milagro que los procesos puedan completarse eficazmente, lo cual debilita los controles penales y disciplinarios de los congresistas.
Los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional que avalaron la Reforma, reciben el beneficio de un aumento en su período de 8 a 12 años, aunque el Gobierno quería que fuera para los próximos.
¿Se le puede llamar equilibrio a eso?
Sin mencionar que los propios congresistas aprobaron cambios en la manera de juzgarlos, entre ellos el relacionado con la pérdida de investidura hasta por un año, que será gradual y, como dijo el Consejo de Estado, desnaturaliza esa sanción y “resta eficacia a un instrumento de moralización política y de control ético que mucho ha contribuido a la defensa y fortalecimiento institucional del Congreso”.
Como si esto fuera poco, los congresistas tendrán la posibilidad de votar sin declarar los conflictos de intereses.
Y ni se diga de los altos funcionarios, incluyendo al presidente y los ministros, contralor, procurador o magistrados, quienes con la eliminación de la Comisión de Acusaciones tendrán la gabela de un antejuicio por una comisión de juristas insignes.
Otro punto controversial fue la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, incluyendo sus salas disciplinaria y administrativa, y su reemplazo por el Consejo Nacional de Disciplina Judicial y el Sistema de Administración Judicial. Lo inexplicable es que sustituya la sala disciplinaria de siete miembros por un Consejo compuesto por nueve.
Para el Consejo de Estado, además, “es excesiva y antitécnica la atribución de funciones al Director Ejecutivo de Administración Judicial y su sometimiento a control político por parte del Congreso”.
Estos cambios, más que fortalecer, vulneran la autonomía de la rama judicial y facilitan la impunidad en casos de corrupción.
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