El proyecto de restitución de tierras a los despojados por las distintas violencias en el país toma forma, a pesar de las incógnitas de un proceso que andará terrenos desconocidos y que tendrá como una de sus herramientas a la justicia transicional, que se usará sólo para este proceso, tendrá una duración limitada, luego de la cual desparecerá y volverán a regir las leyes “normales” del país.
Entre las novedades está la inversión de la carga a favor del campesino, privilegio que operará sólo en las zonas determinadas para la restitución. Querrá decir que el tenedor de la tierra, cuando la reclame un despojado, será quien tenga que probar que la tierra es suya, y no a la inversa. Sin embargo, los poseedores de buena fe podrán objetar la medida, y si la demuestran, serán compensados por el Gobierno.
Otro de los logros ha sido ponerle una fecha amplia a los despojos que calificarán para restitución. Esto permitirá “devolver a los dueños originales cerca de 2 millones de hectáreas de tierra abandonadas y/o usurpadas por causa directa o indirecta de la violencia en zonas con presunción de despojo entre el 1 de enero de 1991 y el 1 de enero de 2011”, según documento de diciembre pasado de Fedesarrollo, aunque menciona que el despojo de tierras asciende a 6 millones de hectáreas en todo el país.
Fedesarrollo menciona cuatro preocupaciones principales surgidas en un foro de expertos acerca del proyecto de restitución de tierras: su impacto fiscal; implementar la justicia transicional y proteger a las víctimas; lograr la institucionalidad para restituir las tierras; y poder reparar a las víctimas de manera integral (el gobierno anterior calculó que la reparación costaría 40 billones).
Desde el 7 de septiembre pasado el proyecto fue radicado en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes por el Ministro de Agricultura, quien se ha empeñado a fondo por sacarlo adelante. En marzo próximo deberá iniciar su trámite en el Senado.
A Fedesarrollo lo preocupan varios puntos, uno de los cuales es la definición de las zonas prioritarias. Allí el Gobierno debería estar vigilante para que ninguna influencia ilegal entrabe el proceso, ya que pocos de los despojadores querrán devolver las tierras.
En el caso de los Montes de María, y muy seguramente de muchos otros lugares, el Gobierno tendrá que investigar las notarías y registradurías con lupa, ya que se sabe que hay muchas irregularidades para hacer casi imposible rastrear las propiedades a sus verdaderos dueños por los carteles de la corrupción de escrituras y títulos, unos expertos en clonar, modificar, “gemelear” y desaparecer documentos.
La restitución de tierras estará acompañada después por el Estado con asistencia técnica y financiación para evitar que los campesinos fracasen, y para que no vendan las tierras al primer postor.
El proyecto, bien manejado, será un acto de justicia que necesita Colombia, y también de sensatez económica por la producción de comestibles básicos que se fomentará, sin que ello quiera decir que se deba estigmatizar a la gran producción agrícola legítima y formal.
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