La polémica por la decisión del Gobierno de decretar la emergencia en el sector salud se concentró en un buen número de elementos específicos, sin que siquiera se dilucidara la motivación de fondo. La Constitución estableció los estados de excepción para enfrentar de manera inmediata cualquier amenaza grave e inesperada al orden económico o social, y que no pueda ser conjurada con las normas o los procedimientos regulares. No hay duda de que el retraso en el pago de unos 900 mil millones de pesos a las entidades que atienden el régimen subsidiado es una amenaza para la salud, por los procedimientos que no están incluidos en el POS, obligadas por fallos de tutela innumerables. Muchas instituciones prestadoras de salud quebraron esperando que el Fosyga se pusiera al día, y mientras menos hospitales y clínicas haya, menos opciones tendremos para atender nuestros problemas de salud. Este argumento ha sido la excusa de muchos establecimientos hospitalarios para negarse a recibir heridos graves u otras emergencias de salud, y en esta discusión los más afectados son los pacientes. Es válida la pregunta del ex ministro Juan Camilo Restrepo sobre por qué no haber decretado antes la emergencia en salud, si el problema no es nuevo y era previsible que condujera a esta crisis. También es legítimo dudar de la eficacia de las medidas para lograr la universalidad en los servicios de salud, que le exigió la Corte Constitucional al Gobierno. El ministro de la Protección Social no ha respondido ninguna de las dos, ni tampoco el presidente Uribe, en sus intervenciones recientes en defensa del decreto para garantizar “el acceso, oportunidad, continuidad, calidad y eficiencia en la prestación de los servicios de salud”. Examinándolo, es difícil entender cómo acelerará los servicios de salud, si en el literal b) del artículo 1 se obliga a las entidades territoriales a cumplir con un procedimiento a primera vista demasiado complejo, que exige codificaciones y formatos definidos en el “manual único de glosas, devoluciones y respuestas”, y que incluye la posibilidad de que se mantenga la negativa a pagar una cuenta mal presentada. Si el problema es que las entidades de salud no presentan sus facturas debidamente, no había necesidad de una emergencia, que parece encaminada a solucionar los problemas financieros y contables de estas entidades, más que a garantizar cobertura universal en salud, con un servicio de calidad. Los problemas de fondo del sistema de salud siguen sin ser solucionados, pues el asunto de los procedimientos de costo alto, no incluidos en el POS, no va a desaparecer con este decreto. La explotación comercial del sistema de salud por el sector privado contradice el espíritu de la Constitución, que se refiere a la obligación del Estado de garantizar el acceso de todos los colombianos a la atención de sus enfermedades o accidentes. Ya lo dijo el Gobierno: la emergencia trata de conjurar la amenaza a la sostenibilidad fiscal y administrativa del sector salud, impidiendo prestar un servicio de calidad. Es decir, el problema es que las entidades tienen problemas financieros, no que los colombianos ven vulnerado su derecho a la salud.
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