El miércoles pasado, la redacción de este periódico se conmocionó con la llamada telefónica de una joven que aseguraba haber sido herida por su compañero y estaba encerrada en una casa del barrio El Reposo, desangrándose.
Un caso más de violencia contra la mujer puso en alerta a los periodistas que dieron aviso a la Policía y de inmediato se montó un gigantesco operativo para localizar la casa y trasladar a la herida al hospital más cercano.
Tras varias horas desesperadas sin encontrar la casa, comenzaron a surgir dudas y finalmente se pudo comprobar que se trataba de una mujer que vivía en Berruga, corregimiento de San Onofre (Sucre), que tenía graves problemas mentales que afloraban con frecuencia como secuela del abuso y los vejámenes a que fue sometida cuando los grupos paramilitares dominaban completamente esa región.
La indignación inicial, al pensar que era una broma infame que la mujer le había jugado a los periodistas, a la Policía y al personal paramédico, se convirtió en preocupación, al considerar cuántas personas que sobrevivieron a la violencia paramilitar o guerrillera se encuentran en una situación similar o peor, sin contar con la atención adecuada.
A finales del año 2010, la Fundación País Libre, comprobando que la salud mental de las víctimas no era atendida adecuadamente, logró que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid) financiara un proyecto de atención, que empezó en el corregimiento de Las Palomas, en Montería, que podría servir como modelo para que el Ministerio de la Protección Social lo replicara en otras regiones del país.
Durante el primer año, en el que un equipo de psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales estuvieron al lado de unos 300 habitantes de la localidad, se detectaron factores de riesgo, por la presencia de síntomas depresivos y la urgencia de fortalecer los vínculos de las madres con los hijos. Con un diagnóstico a fondo de la situación se pusieron en marcha programas de promoción, prevención, detección y mejoramiento del bienestar emocional y mental de la gente.
La llamada de la mujer de Berrrugas denunciando la supuesta agresión de su pareja, aparte de lo que significa en pérdida de tiempo y esfuerzo y la desconfianza para atender otros casos que podrían ser ciertos, muestra que la atención a la salud mental de las víctimas está muy lejos de ser la adecuada, empezando porque a la familia de ella nunca le dijeron dónde podía obtener ayuda ni la orientaron sobre la manera de manejar trastornos mentales graves.
Las entidades de salud de los departamentos y municipios donde hay población desplazada por la violencia escasamente destinan un psicólogo, algunos trabajadores sociales y unos cuantos auxiliares de enfermería para atender a más de mil familias, como ocurre por ejemplo en el sur de Sincelejo.
Difícilmente podrá este personal atender tantos casos de trastornos mentales, entre otras cosas porque este tipo de problemas exige una cuidadosa atención personalizada.
Mientras la atención a las víctimas no pase de charlas preventivas y remedios precarios para sus problemas de salud física, más riesgo habrá para los propios enfermos y para la comunidad donde viven.
Ya es hora de replicar en todo el país el modelo de atención de País Libre, que ha demostrado ser exitoso.
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