La Procuraduría General de la República prorrogó por tres meses más la suspensión del gobernador, Joaco Berrío Villareal, por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos y programas de la salud en Bolívar e indica que “la medida fue adoptada mientras se concluye la investigación referida, ante la posibilidad de que el Gobernador Berrío reitere las conductas por las cuales se le investiga”. La suspensión iniciada en 21 de agosto de 2008 se prolongará hasta 20 de febrero de 2010, pudiéndose adicionar otros tres meses, luego del fallo de primera instancia. El Gobernador podría quedar fuera de su cargo hasta el 20 de mayo de 2010, durante el proceso electoral que ya está en marcha. Desagradan las reservas forzosas ante tales medidas porque es imposible desligar la suspensión del Gobernador, del momento político en Bolívar, y del triunfo que representa para algunos de los congresistas y políticos más influyentes del Departamento, electores, algunos, del Procurador General. La ley permite la medida, pero la Procuraduría debería ser diligente para agotar la etapa investigativa, y fallar. No juzga a un funcionario de segundo plano ni nombrado por otro funcionario o cuerpo colegiado. Lo eligió la mayoría del pueblo, según la Constitución y las leyes. Una Procuraduría debe mostrar eficacia al fallar sin agotar los términos máximos de ley, y ante una medida de tal magnitud, es inexcusable sentenciar para evitar nuevas suspensiones. Si al Gobernador se le imputan contrataciones irregulares o contratar en salud cuando ya su manejo en Bolívar estaba intervenido por la Superintendencia del ramo, la Procuraduría que lo suspendió y le reitera la suspensión, tenía y sigue teniendo la facultad de solicitar la suspensión de los procedimientos administrativos, actos o contratos o su ejecución para que cesen los efectos y se eviten los perjuicios cuando se evidencie que se obra contra la ley. Que el funcionario “reitere las conductas por las que se le investiga” es conjurable por una Procuraduría atenta y no solo con la suspensión del cargo. No juzgamos las acusaciones contra el Gobernador ni alegamos para su absolución o condena. Creemos en la ley. Pero debe primar la decisión del pueblo sobre las medidas administrativas, salvo que fueren absolutamente inevitables. No en balde la Constitución proclama que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. La Procuraduría está dentro de la ley, pero sustituye la voluntad popular, algo inconveniente especialmente antes de las elecciones, prestándose para pensar que le sirve a ciertos sectores políticos. Máxime, si en el Código Disciplinario Único se trazan otros remedios igualmente eficaces para evitar la repetición de violaciones a la ley. Conviene mantener el ideal de una Procuraduría que sea, como dijera un exprocurador, “la más alta magistratura moral de la República”, pero debe extremarse el celo en el respeto de la voluntad popular para evitar que quienes no ganaron unas elecciones se alcen luego con el mando mediante golpe judicial o disciplinario. Tal sistema erosiona la credibilidad en las instituciones, en los mecanismos democráticos y en la autonomía de las regiones para conformar sus gobiernos.
NOTICIAS RECOMENDADAS
Comentarios ()