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La titulación de predios urbanos

En medio del estropicio nacional que desató la aprobación de la reforma a la justicia, hay un hecho que pasó desapercibido y que podría obstaculizar el programa de vivienda para los colombianos de menores recursos y abrir paso a la corrupción en las notarías: las facultades que se les daba a los notarios en la reforma a la justicia.

La semana pasada, el ministro de Vivienda Germán Vargas había expresado con estusiasmo que unos 700 mil predios en Colombia, de los estratos 1 y 2, que ya han adquirido el derecho a ser titulados, pero cuyos propietarios no han podido tener escritura por lo largos y engorrosos que son actualmente los procesos de prescripción adquisitiva de dominio, la podrán poseer rápidamente, ya que la reforma habilitaba a los notarios del país para expedir esas escrituras masivamente.

La mayoría de esos predios de los que hablaba Vargas Lleras están situados en barrios subnormales de centros urbanos, y el artículo 116 de la reforma que le da a los notarios funciones jurisdiccionales, permitiría, según el ministro, reducir la duración del trámite de titulación.

La idea era empezar en el segundo semestre, que comienza en seis días, un plan masivo de titulación.

Sin saberse aún cuál será la suerte de la reforma, es díficil predecir si el jubiloso anuncio del ministro Vargas se hará realidad, pero surgen, además, muchos otros interrogantes en torno a las nuevas funciones jurisdiccionales que van a tener los notarios, lo cual les permite dirimir procesos de prescripción de dominio como si fueran jueces.

Uno de ellos tiene que ver con los mecanismos de control para que los notarios no abusen, teniendo en cuenta los escándalos que han estallado por el registro irregular de tierras, especialmente el denunciado en abril pasado por el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez García, que se detectó en Cartagena, donde fueron descubiertas presuntas anomalías en la tradición de varios predios, como el aumento protuberante de sus áreas.

Si actualmente muchos funcionarios corruptos pueden perpetrar delitos de tal magnitud para legalizar el robo o despojo de tierras y predios, ¿se imaginan lo que los corruptos podrían hacer contando con la posibilidad de influir directamente en los fallos de procesos de prescripción de dominio?

Este fue uno de los puntos largamente criticados por la opinión pública en la reforma a la justicia, pues la agilización de trámites y la descongestión de los despachos judiciales no debe abrir las puertas a la posibilidad de que se facilite la corrupción.

¿Es que el Gobierno no tiene otra manera de agilizar la titulación de los predios subnormales ya legalizados, lo que significa que no hay controversia alrededor de ellos, y por ende no se requerirían fallos de prescripción? ¿O es que la legalización de la que habló el ministro no significa que ya se falló la prescripción adquisitiva, sino que el Gobierno considera dueño del predio al actual ocupante?

El asunto de la propiedad de la tierra urbana y rural en Colombia es un asunto muy serio, que ha causado miles de muertos y desplazamientos en los últimos años, de manera que el ministro de Vivienda debría explicar más fondo este plan de titulación tan poco claro.

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Es tan fácil robarle al estado Colombiano, por la permisivo y omisivos que son los funcionarios encargados de defenderlo.

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Investiguen a cada congresista y resultara que todos saben y que todos comen. No desde hoy sino desde antes de posesionarse