La concesión es un mecanismo legal mediante el cual los particulares cumplen ciertas condiciones para usufructuar los bienes públicos. En todo el mundo, el Estado es un administrador menos eficiente que el sector privado, por lo cual existen las concesiones, que se otorgarán, según las leyes, para las actividades que no sean neurálgicas y por lo mismo, obligatorias para la función pública. Las concesiones tienen que beneficiar al Estado, en primer lugar, y por supuesto, al concesionario. En la práctica, la concesión es una especie de privatización en algunos aspectos, pero nunca es permanente. Cuando al Estado le va mal, hay mecanismos para cancelarla. Lo esencial de cualquier concesión es su transparencia. Se deberían conocer las reglas de juego en detalle, competir por la concesión en público, conocer los proyectos detallados antes, y los nombres de la gente de carne y hueso tras la mampara de las razones sociales y etiquetas corporativas que suelen aparecer en las licitaciones. En Cartagena, la ley permite que las concesiones otorgadas sobre los litorales sorprendan a los ciudadanos, pues se llevan a cabo en el mayor sigilo posible y cuando la gente viene a ver, ya la tiene encima, usualmente para perjuicio de las mayorías y beneficio de unos pocos. En las concesiones que interviene Dimar, que son buena parte de las que se otorgan en la ciudad, la entidad sólo tiene la obligación de publicar un edicto en un diario para darle oportunidad a la comunidad a que se oponga, cuando el aspirante cumplió con los trámites de ley. Cartagena es un Distrito especial, y según la ley 768 de 2002 y otra jurisprudencia, debería prevalecer el Distrito sobre la Dimar en el manejo de su litoral, aunque desde el principio hay un conflicto de poder entre los dos acerca de lo que quiere decir la ley. Nunca se había visto esta dicotomía tan clara como en el caso de la concesión otorgada a una marina en la avenida Miramar (Dimar dio la concesión y el Distrito paró algunas obras), y la que se pretende otorgar en Castillogrande, al lado del Hospital de Bocagrande. En ambos casos, la concesión es lesiva para la calidad de vida de los barrios residenciales aledaños. En la práctica –y muy a pesar del placebo del edicto, un mero pretexto de equidad-, suelen terminar imponiéndose los intereses de unos pocos empresarios sobre los de comunidades enteras. Esta vez hay que abonarle a Dimar –concretamente al Capitán de Puerto, Víctor Hurtado-, que en el caso de los aspirantes a concesionarios de las playas aledañas al Hospital de Bocagrande, imprimió el edicto y lo puso sobre el paseo peatonal para que todos los vecinos lo vieran dentro de los términos de ley para oponérsele. Esto es un avance. Reiteramos nuestra convicción de que muchas concesiones son convenientes, pero sólo cuando todo el proceso es transparente, por lo que debería reformarse la mecánica mediante la cual se otorgan, para que la ciudadanía esté tranquila y los beneficiarios gocen de legitimidad. Hay que eliminar la turbulencia de las concesiones.
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