La violencia del ruido

Desde aquí denunciamos repetidamente los abusos por el ruido contra la mayoría de la ciudadanía inerme, especialmente aquel producido con alevosía por unos pocos ciudadanos a sabiendas del daño que hacen.
Algunos causan ruido como parte de su negocio por encima del bienestar colectivo a pesar de que está limitado en todas partes y prohibido en otras. Las autoridades lo saben pero no se esfuerzan para reprimirlo ni para educar a quienes no solo creen indispensable hacerlo, sino que se sienten con derecho sin importarles la vejación a sus víctimas.
La entidad ambiental encargada de controlarlo en la ciudad, de la mano de la Policía, tiene altos y bajos, según el funcionario que la esté dirigiendo. El Establecimiento Público Ambiental ha sido mayormente nulo en este sentido, a pesar de que el ruido es uno de los causantes más obvios de malestar social, además de una amenaza innegable para la salud pública.
Algunos pretenden darle a ciertas fuentes de ruido, como los picós, la calidad de “cultural”, glorificando un comportamiento abusivo, una desviación social que debería ser reconocida como tal. No puede ser sano ni justo un escándalo auditivo que se le imponga a una mayoría inmensa por una minoría alevosa.
A pesar de violar un derecho humano tan esencial como el descanso, el ruido por equipos de sonido –además del “normal” de una ciudad que crece- se incrementa en Cartagena de manera geométrica. Ya hay sectores de la avenida Pedro de Heredia, por ejemplo, que suenan igual o peor –es decir, más altos- que los de la entrada de Turbaco y de muchos otros pueblos sin control de ruido. Pero allí como en casi todas partes las autoridades prefieren hacerse las sordas. ¿Por qué?
Se ha necesitado que asesinen a un policía a mansalva en una fiesta de picós para que la Alcaldía actúe. Debería hacer el trabajo completo, como sería una campaña represiva sin miramientos contra las fuentes de ruido evitables, como los equipos de sonido en los espacios públicos, o aquellos que atropellan a las residencias privadas y lugares comunitarios desde sitios privados, como los autos, lanchas, casas o restaurantes de algunos desconsiderados.
La represión del ruido hecho por negocio debería comenzar en el sector turístico, incluidos Bocagrande, Castillogrande y El Laguito, además del Centro Histórico y sus murallas, baluartes y muelles, sitios en donde es menos comprensible este abuso inmisericorde por la educación superior que se supone deberían tener los empresarios que lo producen u ordenan producir, y que deberían establecer el ejemplo opuesto.
Es inaudito también que las fuentes de ruido móviles como las chivas turísticas tengan amplificación, cuando el sonido de los conjuntos que tocan adentro bastaría al natural. Igual sucede con los barcos que salen de noche por la bahía con una amplificación descomunal que perturba a varios barrios.
Ojalá que el sacrificio triste de un policía sirva al menos para que las autoridades –comenzando por la del Palacio de la Aduana-, dejen su sordera cómplice con el ruido innecesario e ilegal.