Los costos de las primeras viviendas que se entregarán en el proyecto Ciudad del Bicentenario son inferiores a los que tuvieron las casas de la Urbanización Flor del Campo hace dos años, debido a la reducción de muchos de los costos relativos a las obras de construcción y a los materiales. Estas cifras comienzan a demostrar que en Cartagena sí es posible desarrollar una revolución urbana que promueva la construcción masiva y equilibrada de vivienda social, y reduzca de esa manera el enorme déficit habitacional que padece la población de menores ingresos de la ciudad. La estrategia de generar suelo urbanizado con precios lo suficientemente bajos para garantizar el acceso a vivienda propia de los hogares más pobres, hace abrigar esperanzas hacia el futuro de proveer a los cartageneros de los estratos bajos con casa y servicios públicos básicos, de manera que se acaben definitivamente las invasiones y los asentamientos irregulares en zonas de riesgo. El proyecto Ciudad del Bicentenario demuestra también que el alto costo de la vivienda social se debe principalmente a las maniobras que propicia la corrupción, con el encarecimiento de todo el proceso. A pesar de las políticas de subsidios, que son una herramienta valiosa para cualquier constructor, pues le permite contar con recursos inmediatos para iniciar los proyectos, todavía se sigue insistiendo en que el valor de la tierra, del urbanismo y de los materiales sobrepasan en un 15% el costo máximo de una vivienda social, según los topes del Gobierno. En realidad, la construcción de vivienda social puede realizarse a gran escala, garantizando casas con las condiciones básicas para la calidad de vida de sus ocupantes. Se requiere la decisión política de hacerlo y una dosis de creatividad e imaginación, que permita disponer de tierra urbanizable y que vincule a las empresas de servicios públicos de manera directa, para evitar los costos que tienen los trámites para lograr la disponibilidad de acometidas de agua, energía y gas. Muchos de los costos relativos a los permisos y los impuestos que normalmente deben pagar los constructores, pueden ahorrarse con las exenciones legales. Y una parte considerable del valor de los materiales también se ahorra a través de la devolución del IVA contemplada en los proyectos de vivienda social. Además de todo lo anterior, si se vinculan empresas solidarias de carácter comunitario, como el caso de la bloquera “La Bendición de Dios” y se utiliza la mano de obra que pueden ofrecer las familias beneficiadas, el costo puede reducirse todavía más. El asunto es que la construcción de vivienda social dejó de ser un sueño engañoso que muchos políticos utilizaban para pescar votos, para convertirse en una realidad plena, donde todos los actores hacen su aporte. Camacol calcula que actualmente el costo de la Vivienda de Interés Social está compuesto por un 31,1% correspondiente a la obtención del lote urbanizado y el 68,9%, lo que vale la construcción en sí de la vivienda. Un despropósito que demuestra el margen de ganancia enorme del que pueden disponer los constructores. En cambio, el proyecto Ciudad del Bicentenario muestra que ese enorme porcentaje puede bajarse a la mitad o más, permitiendo construir casas más confortables y dignas.
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