Las CAR que necesitamos

En Bolívar necesitamos una Corporación Autónoma Regional (CAR), la autoridad ambiental del Departamento, libre de politiquería, de repartos burocráticos y de formas diversas de corrupción. Algunas de las CAR de Colombia hacían una buena labor, pero otras habían caído en manos de paramilitares y de politiqueros, que a veces terminaban siendo la misma cosa.
Las CAR tienen la misión de defender el ambiente, para lo que les toca armonizar los proyectos de la empresa privada con la conservación de la naturaleza. Este poder de otorgar o no licencias ambientales es enorme y se presta para establecer “retenes”. El resultado termina siendo peor para el ambiente, la empresa privada, y el desarrollo del país.
En el caso de Bolívar, la autoridad ambiental rural, hasta la reforma aún en curso implementada por la administración Santos, era Cardique, que había sido fusionada mediante dicho decreto con la CAR del Atlántico por defender ambas la cuenca del Canal del Dique, si es que ese cuerpo de agua y su área de influencia se podría llamar así, dado que el Dique es un canal excavado, y no una vía acuática natural, aunque es cierto que atraviesa tanto al Atlántico como a Bolívar.
La fusión de estas dos CAR sin duda iba a traerle problemas a Bolívar y al Atlántico, ya que se armaría un tira y jala entre los dos departamentos por las obras que debería acometer la entidad nueva. Hizo bien el presidente Santos en dejarle a Bolívar nuevamente su propia CAR, atendiendo la gestión de varios congresistas de este departamento.
No debería querer decir eso que la nueva CAR de Bolívar será entregada a los políticos, ni que la volverán a convertir en fortín burocrático y contratero –es decir, politiquero- ni mucho menos que pueda chantajear a las personas jurídicas y particulares que acudan a hacer trámites en ella.
La ley debería también redefinir la injusticia que representa que Cartagena tenga que entregarle a la CAR departamental recursos cuantiosísimos en desmedro de la ciudad, o peor aún, que dicha CAR se arrogue prerrogativas que no debería tener sobre el perímetro urbano, basada en el argumento de que como las intervenciones urbanas tienen repercusiones en el ambiente rural, la CAR rural tiene preeminencia sobre la urbana, en este caso, sobre el Establecimiento Público Ambiental (EPA). 
Siguiendo la misma línea de razonamiento, existirían unas pocas CAR en el país, y las principales deberían estar entonces en Barranquilla y Cartagena, víctimas de la contaminación, erosión y degradación ambiental de la cuenca del río Magdalena, donde está el 85% de la población del país. También deberíamos manejar no solo el ambiente del Sur de Bolívar, con su minería envenenadora, sino el de Santander y Antioquia, por razones iguales: contaminan al río Magdalena, y por lo mismo, a la bahía de Cartagena y los alrededores de Barranquilla.
El presidente Santos tiene que asegurarse de que ninguna CAR vuelva a ser el feudo podrido de la politiquería contratera, chantajista y criminal.
Necesitamos unas CAR tan limpias como debería ser el ambiente que tienen que proteger.