Las concesiones de las playas

Las playas de Cartagena están en un estado deplorable porque no tienen dueño que ejerza autoridad en ellas, y como tantos otros espacios públicos, están convertidas en el coto de caza privado de los vendedores informales de lo habido y por haber: gafas, mariscos, sombreros, fritanga, sancocho, frutas, cometas y hasta prostitución, incluida la infantil. A pesar de los esfuerzos del consorcio de aseo, a las playas las destrozan todos los días, especialmente los fines de semana. En vez de ser un lugar decente, cada día desciende a abismos insospechados de basuras de todo orden: excrementos, orines y cuanto detritus sea capaz de producir y lanzar el ser humano. Ya se sabe que nadie puede esperar relajarse en las playas, sino que debe soportar el ataque permanente de los vendedores, muchos de los cuales insultan de palabra o con gestos a quienes no tienen ganas de comprarles sus mercaderías. Les va mucho peor a los bañistas que muestren impaciencia y les pidan ser dejados en paz. Enseguida sus torturadores lanzan un rosario de insultos salpicados con citas de la Constitución en lo pertinente al derecho al trabajo. Pero el usuario, nativo o turista, no tiene derecho al uso tranquilo del lugar, sino que es un activo implícito de las playas privatizadas hace años por las diversas informalidades. En la mente de estas personas, el bañista es un objeto que sólo existe para tener a quien venderle objetos. Así las cosas, las playas no son un activo de la ciudadanía cartagenera, sino un factor de degradación que priva a los habitantes de disfrutarlas, y que le resta muchísimos puntos al destino turístico. El turismo selecto, que es el que más gasta y menos desgasta a la ciudad, no cae en la trampa de las playas más de una vez y busca alternativas. Así Cartagena se queda cada día con más “turismo de ollas” y con sus basuras. Entregar las playas en concesión a operadores privados es una idea buena, que se ha venido proponiendo desde hace años. El sector turístico viene trabajándole a distintos modelos y seguramente que ya tiene alguno funcional, aunque cualquiera necesitará ajustes luego de comenzar a trabajar. Sin embargo, la figura de la concesión también está llena de riesgos si no se hace con transparencia y con equidad. Obviamente, sería ideal que el Estado administrara sus playas, pero es obvio que es incapaz de hacerlo bien. Precisamente por eso llegaron a tanta degradación. Cualquier concesión tiene que tener en cuenta que las playas son de todos los colombianos, y también que el derecho de los vendedores a trabajar no supera el derecho de los bañistas a no ser molestados. Se ve al rompe que falta educación, pero por algún lado se tiene que comenzar y seguramente las playas tendrán áreas de “protección”, donde los bañistas no sean atormentados por los informales, como ocurre ahora. Lo peor que le podría pasar a las concesiones de las playas sería que sufrieran un descrédito por manejos desacertados, como los del programa Agro Ingreso Seguro, en el que muchos estarán estigmatizados por las indelicadezas de unos pocos. En este proceso, como en todos los demás, se impone la transparencia y la discusión pública.