Siempre que en Colombia se intenta aplicar una política enérgica de recuperación del espacio público, salen a relucir los argumentos de la pobreza, la falta de empleo y la ausencia de oportunidades, como justificación de las invasiones. En Cartagena, la ocupación ilegal del espacio público ha sido uno de los problemas más graves, porque se combina la necesidad evidente de una gran parte de la población que vive en la pobreza, con la informalidad que siempre ha regido todas las actividades, incluyendo las comerciales, a lo que se suma la creencia ya enraizada de que lo que es del Estado hay que gastarlo y usarlo como se pueda, olvidando que una parte de ese patrimonio público nos pertenece como ciudadanos. Después de muchos años en que la preservación del espacio público no estaba entre las prioridades de los gobernantes locales, la Administración distrital ha dejado claro que se propone insistir en su recuperación, no importa los obstáculos jurídicos o físicos a los que deba enfrentarse. Sin embargo, no es una tarea fácil, y sobre todo, no es una tarea que la Administración pueda encarar sola. No han terminado de irse los policías y brigadistas de Espacio Público de un sitio recién desalojado, cuando los mismos que lo ocupaban ilegalmente y algunos nuevos vuelven a invadirlo. Se necesitarían decenas de miles de agentes de la autoridad destinados permanentemente y durante mucho tiempo a impedir que los espacios recuperados vuelvan a ser invadidos, para que estos sean realmente de uso colectivo. Como no hay esa cantidad de brigadistas ni pueden estar las 24 horas cuidando los espacios públicos, corresponde al comercio organizado, a los gremios, a las organizaciones solidarias y en general a toda la comunidad, contribuir no sólo a su recuperación, sino a impedir que vuelvan a invadirlos. Los vendedores informales ocupan el espacio público porque hay gente dispuesta a comprar sus mercancías, y otra gente más perversa y pudiente que se las proporciona. Incluso, muchos de los que se autoproclaman vendedores por necesidad, son en realidad enlaces de redes sofisticadas para el lavado de dinero, con lo cual esa actividad deja de ser una contravención para convertirse en un delito grave. No sólo por no pagar impuestos, las ventas callejeras son informales, sino porque su existencia se debe a un sistema de explotación, donde actúan proveedores, prestamistas usureros y criminales e incluso traficantes de droga. Una forma en que los ciudadanos comunes pueden colaborar para despejar los espacios colectivos de Cartagena es evitando comprarles a los vendedores informales de la calle, aunque esto requeriría que los comerciantes formales contribuyeran ofreciendo precios más bajos, en la medida en que eso no afecte el margen de sus utilidades, y las autoridades deben facilitar la conversión a comerciantes formales de quienes tradicionalmente se han dedicado a las ventas ambulantes. Aunque sea repetitivo, hay que recordar que el efecto más impactante y dañino de la informalidad es el empobrecimiento general y el envilecimiento de la calidad de vida de todos los ciudadanos. Aunque la Oficina de Espacio Público está cumpliendo a cabalidad con su misión, es preciso que los ciudadanos apoyen este esfuerzo.
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