Aunque en menor profusión que en las campañas electorales anteriores, han aparecido en carteles, programas radiales y en algunos periódicos digitales, encuestas sin rigor alguno, supuestamente realizadas por ciertas entidades que no aparecen registradas en el Consejo Nacional Electoral (CNE), por lo que los medios con tradición y seriedad no pueden publicarlas, ya que la ley lo prohíbe.
En la Resolución 23 de 1996, el CNE definió que las encuestas electorales son las que se aplican en época preelectoral para determinar las tendencias del electorado o la intención de voto para candidatos a cuerpos colegiados, gobernadores y alcaldes.
Y en la Resolución 50, se establecen los requisitos para autorizar a personas naturales o jurídicas a realizar encuestas o sondeos de opinión electoral, uno de los cuales es la inscripción previa en ese tribunal, la cual tiene una vigencia de dos años.
Es razonable pensar que cada candidato contrate un sondeo sin mayores exigencias sobre su rigurosidad, que le indique más o menos cuál es la intención de voto de los ciudadanos, más exacta en la medida en que tenga más recursos presupuestales, pero es necesario entender que su divulgación masiva sólo podría realizarse si la firma encargada de hacerlo está inscrita en el Registro Nacional de Encuestadores del Consejo Nacional Electoral, si la muestra es representativa estadísticamente y los encuestados fueron seleccionados con parámetros de probabilidad matemática, y si el margen de error es suficientemente pequeño para que se pueda desestimar el nivel de relatividad de las cifras. Debe revelarse, además, quién la pagó, quién la realizó, el tipo y tamaño de la muestra, temas que se sondearon, sitios donde se realizó y el método empleado.
Si una campaña decide contratar a estudiantes para que vayan de casa en casa a preguntarle a 200 personas por quién van a votar, sin definir y aplicar adecuadamente los modelos de la teoría estadística, no revelará la verdadera intención de voto de los cartageneros, sino una tendencia puntual y muy exigua para ser representativa, y por lo tanto no es confiable ni puede usarse para promocionar al candidato respectivo.
Para que la campaña electoral que se está cumpliendo actualmente sea transparente, es preciso que los ciudadanos sepan que solo pueden creer en las encuestas que cumplan los requisitos citados arriba, y que sean realizadas por empresas serias, especialistas en el área y con diseños rigurosamente estadísticos.
De otra manera, el sondeo estará viciado de fraude, y seguramente se está haciendo para favorecer a determinado candidato, usando esa tendencia que ha hecho carrera en el país en los últimos 15 años, de utilizar la consulta a la opinión pública para prefigurar el resultado real de cualquier elección, engañando de manera descarada al elector.
Por otra parte, en las encuestas serias generalmente aparece una franja de ciudadanos indecisos al momento de responder la encuesta, por diferentes razones estructurales y coyunturales, cuya decisión finalmente puede influir notablemente en las cifras reales.
La selección del candidato a la Alcaldía por quien se va a votar debe ser el resultado de un cuidadoso análisis sobre su hoja de vida, sus realizaciones anteriores, sus acompañantes y padrinos políticos, sus fuentes de financiación, la importancia de sus programas y el realismo de sus estrategias para llevarlos a cabo.
Al ciudadano, de poco le servirá haber votado por el candidato ganador, basado en las encuestas, si este no se va a preocupar realmente por el futuro de Cartagena.
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