Las minas, una infamia que no tiene excusa

Entre 1990 y 2009, las minas antipersona ha dejado 7.885 víctimas en Colombia, lo cual lo convierte en el segundo país más afectado por estos infames artefactos de muerte en todo el mundo. De esa abultada cantidad de víctimas, el 34 por ciento son civiles adultos, y el 10 por ciento son niños. La cantidad de minas sembradas en el territorio nacional sólo se puede calcular, especialmente porque las Farc, grupo armado ilegal que más usa tan bellaca estrategia bélica, sigue colocándolas para intentar frenar el cerco que las Fuerzas Militares han tendido sobre sus frentes más importantes. Se sabe, eso sí, que las regiones más afectadas con el suroriente colombiano, la región del Catatumbo, las selvas del Sararé (eje Arauca, Boyacá, Casanare), el suroriente antioqueño, el Nudo de Paramillo, el Sur de Bolívar, los Montes de María, el Cañón de las Hermosas, la frontera con el Ecuador en Putumayo, la Sierra Nevada de Santa Marta y el Macizo Colombiano. Aunque fabricar artesanalmente una mina y colocarla no cuesta más de 8 mil pesos, su detección y erradicación cuesta más de 3 millones de pesos. En los últimos años, los grupos armados al margen de la ley las han puesto en forma indiscriminada en 30 de los 32 departamentos de Colombia, así que tener al país libre de minas es una tarea descomunal. De las estrategias bélicas, la colocación de minas es la más cruel y perversa, pues su objetivo son personas desprevenidas, generalmente civiles y menores que deben transitar obligatoriamente por ciertas zonas para trabajar o estudiar. Las minas se esconden entre matorrales o se entierran superficialmente para evitar que los caminantes se prevengan y que reciban el impacto por sorpresa. Es una atrocidad semejante táctica, porque provoca casi siempre la muerte, y deja en los sobrevivientes irreparables daños físicos, traumas psicológicos y un clima de pánico colectivo, que seguramente es lo que más buscan a los terroristas para construirse una reputación intimidante. Una población aterrorizada no tiene otro camino que huir despavorida, y de esa manera los infames se quedan controlando el área. En este caso, la solución del problema, o la reducción de su impacto, depende principalmente de los grupos guerrilleros, que siguen sembrando minas, dejando ver una vez más que no están dispuestos a respetar las normas humanitarias y mucho menos a buscar verdaderamente la paz nacional. La Convención de Ottawa, que Colombia firmó en 1997 y ratificó en el 2000, prohíbe el empleo, almacenamiento y producción de este tipo de armas y hasta hoy, 156 países se han sumado al acuerdo. Otras 39 naciones aún no lo han hecho, entre ellas grandes potencias como Rusia, Estados Unidos y China. Contempla obligaciones a cumplir por parte de los Estados, dirigidas a retirar las minas y a proteger a los sobrevivientes de ella. Entre 2009 y 2012, el Gobierno colombiano invertirá 179.534 millones de pesos para combatir el uso de minas, y entre 2009-2019 se gastarán 419.116 millones de pesos. Por el costo enorme en vidas y en destrucción que ha pagado nuestro país, se escogió a Cartagena, emblemática ciudad colombiana, como sede de la Conferencia de la Segunda Revisión de la Convención de Ottawa sobre Minas, que comienza hoy y acabará el 4 de diciembre.