Adolfo Meisel Roca es uno de los intelectuales e investigadores más importantes y respetados del país, y por supuesto, del Caribe colombiano. El 25 de mayo pasado, escribió en El Espectador la columna “¿De quién son las murallas de Cartagena?”.
Meisel argumentaba que durante la Colonia se enviaba dinero del interior hacia Cartagena para construir las defensas militares. “Esto no me parece que sea un punto menor”, dice Meisel, “pues no sólo jurídicamente, sino también históricamente, las murallas de Cartagena son un patrimonio de todos”.
Meisel previene a los cartageneros del error común de creer que porque las murallas están aquí, son solo de la ciudad, y resalta el esfuerzo colectivo del país colonial para construir las fortificaciones de Cartagena y la soberanía del Gobierno nacional sobre ellas, representado por el Ministerio de Cultura.
El motivo de la columna es el desencuentro entre la junta de la Sociedad de Mejoras Públicas (SMP) –administradora exitosa durante 88 años de ese patrimonio-, y la unidad de Patrimonio del Ministerio de Cultura por los términos del contrato nuevo. La SMP firmó y luego de analizarlo más, decidió que era imposible de cumplir, sobre todo porque el Ministerio tiene la última palabra en todo, pero toda la responsabilidad es de la SMP.
Está implícito en el tono del contrato que a los cartageneros no se les puede confiar el manejo de estos bienes y necesitan la tutela superior –con nuevas reglas y látigo incluido- de los sabios del altiplano. Al parecer ninguno de los expertos locales le da ni por las corvas al menos estudiado del olimpo paramuno, sobre todo, a su dios residente.
Pero a pesar de que el nuevo contrato enviado por Mincultura a la SMP es inicuo, los cartageneros tienen que admitir que ha habido una depredación enorme sobre partes del Patrimonio y que si su cuidado hubiese dependido exclusivamente de los políticos o del sector “neo privado” local, quedaría poco para calificarnos de Patrimonio de la Humanidad. Aún hoy hay un acecho implacable de algunos para violar las reglas.
Aunque las murallas son de la Nación, están en Cartagena, las quieren los cartageneros e influyen en su vida diaria y tienen que tener una voz mayor en lo que se hace o no se hace con ellas. Las decisiones deberían dejar de ser tomadas unilateralmente por los virreyes modernos, que sin duda saben mucho, pero no lo saben todo.
La manera como manejaron el corte del talud del San Felipe para montar una tarima durante la Cumbre de Presidentes desdice de todo lo que predican. Y no tuvieron en cuenta a la SMP, autoridades locales ni a la ciudadanía. Aquí se percibió no solo como una insolencia, sino como una provocación contra la ciudad, por cierto típica del espíritu que mueve a algunos funcionarios que se sienten intocables e inamovibles, y que por lo visto, lo son.
A pesar de que Meisel opinó con enjundia que las murallas no tienen dueño, se equivocó. Tienen propietario y dictador.
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