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Legislando en beneficio propio

El Observatorio Nacional Permanente para la Administración de la Justicia, un ente que agrupa a jueces, magistrados, fiscales, investigadores judiciales, defensores públicos, abogados litigantes y 14 asociaciones de profesionales del sector, llamó la atención del Gobierno, de las altas cortes y de la ciudadanía porque 70 parlamentarios que tienen procesos abiertos en la Corte Suprema de Justicia y en el Consejo de Estado participen y voten en el trámite del proyecto de acto legislativo de reforma a la justicia.

La directora de esta organización, María Del Pilar Arango, dijo que tras consultar a fondo las listas públicas de investigaciones por parapolítica o demandas de pérdida de investidura y depurar exhaustivamente la información actualizada de las misma, comprobaron que existen 70 congresistas que resultarían directamente beneficiados de aprobarse el acto legislativo, lo que, a su juicio, significa que son juez y parte en la reforma.

Su participación y votación de la reforma está amparada en el Acto Legislativo No. 1 de 2011, que estableció que cuando se adelanten reformas constitucionales no se aplicará el conflicto de intereses, de manera que no es ilegal, pero considera el Observatorio que es antiético.

El hecho denunciado por el Observatorio Nacional Permanente para la Administración de la Justicia parece darle la razón a la Misión de Observación Electoral (MOE), que había expresado que este acto legislativo es una reforma política disfrazada de reforma judicial.

El proyecto polémico, que debe entrar la próxima semana a la plenaria de la Cámara para su último debate, será votado, según el Observatorio, por 18 senadores y 16 representantes con investigaciones por el escándalo de la parapolítica; y por 16 senadores y 23 representantes que tienen procesos activos por pérdida de investidura en el Consejo de Estado.

Estos senadores y representantes, en caso de aprobarse el acto legislativo, podrían beneficiarse al hacerse más complicado el trámite de las investigaciones penales por parapolítica y corrupción que se adelantan en la Corte Suprema y volverse supremamente difícil lograr su pérdida de investidura.

Esta y otras advertencias del Observatorio sobre los perjuicios para el país de la reforma, motivaron a sus ponentes a reunirse para hacer una evaluación del articulado y evaluar qué, de lo que se está queriendo elevar a rango constitucional, debería hacerse mediante leyes estatutarias.

Las denuncias del Observatorio de la Justicia y su petición a los 70 congresistas que podrían beneficiarse de la reforma para que se abstengan de votar el trámite final no han sido respondidas ni por el Gobierno ni por el Congreso.

La ciudadanía tiene derecho a saber si el Gobierno avala una situación que pese a no ser ahora ilegal, sí es inmoral.

No se puede dar al pueblo colombiano el mensaje de que actitudes contra la ética, que además terminan en ventajas reales y tangibles, son válidas en la función legislativa.

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En el Editorial de ayer dijimos que Cotecmar había solicitado una concesión para rellenar 137,10 hectáreas de la bahía de Cartagena, cuando la solicitante fue Contecar. Presentamos disculpas a los lectores e interesados por este error.

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Comentarios

PARECERÍA UNA CONTRADICCIÓN

PARECERÍA UNA CONTRADICCIÓN QUE ALGO INMORAL, DISOLUTO, SEA LEGAL; PERO COMO NO HA DE SERLO SI ESTA HECHO POR LOS HOMBRES QUE HACEN LAS LEYES QUE RIGEN A ESTA NACIÓN. DICE LA BIBLIA: " SI LA SAL DE LA TIERRA SE CORROMPE..." ENTONCES SÓLO NOS QUEDA EXCLAMAR: ¡OH! ¿Y AHORA QUIÉN PODRÁ DEFENDERNOS? SIN EMBARGO, NO TODO HA DE SER INMORAL, PARECE HABER UNA LUZ AL FINAL DEL TÚNEL: EL OBSERVATORIO NACIONAL PERMANENTE PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.