En Estados Unidos y en muchos países de Europa, hay grupos de cabildeo que gestionan en el Congreso la aprobación de ciertas leyes y regulaciones para beneficio de sectores específicos.Aunque es una actividad legal, en ocasiones se cruza el límite y los beneficios particulares se logran sacrificando el interés general, el medio ambiente, el patrimonio histórico, entre otros valores fundamentales.
Luis Jorge Garay Salamanca es uno de los investigadores colombianos más destacados de los últimos años, ingeniero industrial, máster en economía y con un doctorado en economía en el Massachusetts Institute of Technology de Boston, miembro de muchas comisiones económicas y de planeación, y autor de numerosos estudios sobre la realidad de la política, el conflicto y la economía en Colombia.
Su más reciente trabajo es una gran investigación, patrocinada por la Corporación Transparencia por Colombia con el apoyo de la Fundación Avina, que identifica las causas de la captura de las instituciones del Estado por la corrupción y los grupos ilegales, y que explica por qué es tan difícil luchar contra la delincuencia y el crimen organizado y rescatar las finanzas públicas de los corruptos.
La principal conclusión de este estudio, compilado en un libro llamado “Redes Ilícitas y Reconfiguración del Estado”, es que los criminales operan en forma de redes, constituidas por las estructuras ilegales propias de sus actividades y por personas que operan en la legalidad y sirven como enlace entre el mundo ilegal, las empresas legítimas y el Estado.
La ardua y en cierta forma ineficaz lucha contra y el crimen y la corrupción no ha tenido éxito, dice Garay, porque no se han identificado ni castigado a esos enlaces, y el trabajo de la Fuerza Pública sólo se enfoca en investigar y capturar a grandes figuras del crimen organizado, rápidamente reemplazadas sin que se afecte el negocio.
Para los dirigentes, empresarios, funcionarios públicos y la población de una ciudad como Cartagena, sistemáticamente saqueada por la corrupción y asolada por las bandas criminales en los últimos años, este libro es de lectura obligada porque cambia los paradigmas repetidos que tenemos para explicar nuestra postración, y para planear las soluciones.
Es a esos enlaces entre la ilegalidad y el Estado, a los que Garay llama “agentes grises”, a los se debe desenmascarar y castigar: un banquero que se dedica a lavar dinero dentro de sus actividades legales; un militar o policía que, en vez de combatir al criminal, le permite actuar; un concejal que mediante un acuerdo con la criminalidad o la corrupción busca tramitar proyectos para favorecerlos.
Entre las soluciones, Garay propone pactos éticos para aislar e impedir el funcionamiento de esos “agentes grises” en la legalidad.
Vale la pena armar grupos de estudio y acción para ahondar en el asunto.
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