Las Fiestas de Independencia han venido adquiriendo poco a poco un formato cultural que las aleja del vandalismo a ultranza que las caracterizaba hace poco, cuando los negocios de tragos, fiestas y casetas eran otorgados a los amigos de la Administración de turno, y quedaban automáticamente inmunes a cualquier control oficial. Una licencia equivalía a la impunidad con respecto a las obligaciones ciudadanas básicas. Afortunadamente esto cambió en la actual Administración, tanto así que el Establecimiento Público Ambiental (EPA) ya emitió un comunicado advirtiendo que las normas acerca de ruido y otras formas de contaminación serán aplicadas estrictamente para garantizar la tranquilidad de quienes no quieran ser obligados a estar inmersos en el bullicio, que en muchos sitios se mete a los propios hogares. El EPA y la Policía tendrán que vigilar muy bien la ciudad en este sentido, ya que en todos los barrios se intentan desmadrar algunos negocios y personas por la sola razón de que “estamos en Fiestas”, y todo el mundo tiene entonces que soportar sus abusos, tanto con respecto a los equipos de sonido, como al lanzamiento de proyectiles de diversa índole, incluyendo buscapiés y bolsas de agua. Hay una falacia que ronda las calles de la ciudad para esta época, tratando de establecer las reglas de un supuesto cartagenerismo que pretenden hacer pasar como el único autóctono, que incluye tirar y devolver buscapiés, a sabiendas de que perdimos el carácter de villorrio y los daños ahora resultan más multitudinarios que individuales; lanzar maicena a la cara y ropa de los transeúntes; hacer todo el ruido que se pueda en cualquier lugar; lanzar bolsas de agua desde las azoteas de los edificios a los peatones y conductores desprevenidos; y en fin, abusar del prójimo porque todo dizque se permite en las Fiestas de noviembre. Y quien se oponga a estas máximas bárbaras –según esta idiosincrasia falaz- no es cartagenero auténtico, y debería irse de la ciudad durante las Fiestas en vez de tratar de reclamar sus derechos. Tenemos la experiencia de años anteriores, cuando martirizaron barrios enteros con música electrónica y de otras clases, como ocurrió en la Zona Norte, especialmente en los edificios de La Boquilla, donde algunos negocios playeros alquilados a trasmano a avivatos conocidos de escándalos anteriores, impidieron el descanso de los habitantes de muchas de las torres residenciales. Está el caso de la avenida de El Arsenal, donde en varios locales, incluyendo un baluarte muy conocido, el volumen de la “música” afectó terriblemente a los vecinos y a los barrios aledaños. En los patios del propio Centro de Convenciones hubo espectáculos abusivos del entorno, incluyendo el Hospital Naval, que queda enfrente. Ojalá que a las autoridades que otorgan las licencias no les hayan metido ya el gol algunos de estos abusadores de la tranquilidad pública, y que quienes tienen el derecho a descansar en sus propias casas puedan hacerlo. Las Fiestas no pueden ser el pretexto para violar los derechos de los ciudadanos.
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