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Los otros problemas de la Justicia

Los despachos judiciales reciben en todo el país alrededor de 40 mil acciones de tutela cada mes, cantidad que ha servido como argumento al Gobierno para hablar de abuso de este instrumento jurídico e insistir en la necesidad de reglamentar su uso.

La Acción de Tutela fue uno de los logros mayores de la Constitución de 1991, que puso al alcance de los ciudadanos un recurso valioso para defender sus derechos fundamentales.

A pesar de las críticas que ha recibido el uso de la tutela, ha servido mucho para impedir los atropellos a la ciudadanía que se volvieron tan frecuentes en nuestro país, cometidos tanto por el Estado como por los particulares.

Ningún otro instrumento jurídico ha sido tan valorado y utilizado por los ciudadanos como la tutela, de manera que puede afirmarse con seguridad que logró su propósito con creces y de manera eficaz.

Ayer, en una de las reuniones entre el Gobierno y las altas cortes para discutir los pormenores de una nueva reforma a la Justicia, no hubo acuerdo en torno a la reglamentación de la tutela, entre otras cosas porque la mayor parte de los magistrados considera que en lugar de limitarla, lo que se debe hacer es fortalecerla y organizar su trámite jurídico para que se vuelva más eficaz en la protección de los derechos fundamentales del ciudadano.

El meollo del asunto está en lo relativo a la tutela contra las sentencias judiciales, que los asesores del Gobierno consideran un gran problema que puede convertirse en amenaza para la seguridad jurídica del país.

Ya en septiembre del año pasado, en un debate entre el ministro del Interior, Germán Vargas y el magistrado de la Corte Suprema, Jaime Arrubla, fue evidente la disparidad de criterios sobre este punto, pues mientras el Gobierno insiste en que la tutela contra sentencias mantendrá el riesgo del “choque de trenes” entre las cortes, los juristas argumentan que esos enfrentamientos se han solucionado entre los propios altos tribunales, sin necesidad de intervenciones externas.

Lo que confunde en el diálogo entre Gobierno y cortes es que no se haya mencionado un argumento que el constituyente Jesús Pérez González Rubio esgrimió en una entrevista con El Universal, y que parece tan obvio: también las sentencias judiciales pueden vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos colombianos, de manera que siempre será pertinente el uso de la tutela contra estos fallos.

Es cierto que las tutelas imprudentes e irracionales contribuyen a la congestión de los despachos judiciales, pero ese problema puede resolverse fácilmente estableciendo conceptos de fondo sobre los términos de su aplicación, creando jueces especializados y cumpliendo las sanciones que ya existen para las tutelas injustificadas y, en general, para las denuncias falsas o temerarias.

No conviene que el Gobierno y las altas cortes se desgasten en una discusión que polariza tanto, como la reglamentación de la tutela, y se concentren mejor en otros problemas más graves de la justicia colombiana que causan directamente tanta impunidad.

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Comentarios

¿Por qué no terminar con las

¿Por qué no terminar con las dobles vacaciones de los operadores de la justicia? Que solo tengan vacaciones cuando les toca por cada año o proporcional. Acabar con las colectivas de fin de año y se pongan a trabajar.