La escena de muerte y dolor de ayer en la madrugada en la Transversal 57, sector de la Báscula, donde tres hombres murieron atropellados por una camioneta, conmueve y preocupa a toda la ciudadanía porque se suma a la cadena de accidentes de tránsito ocurridos este año en Cartagena, con saldo alto de víctimas.
En el accidente de ayer, dramático y aparatoso por el número de muertos, las autoridades reportaron que la camioneta iba a gran velocidad, que su conductor siguió su camino hasta cuando fue detenido y que su prueba de alcoholemia arrojó un elevado nivel de alcohol en su organismo. Tres muestras de la más aberrante irresponsabilidad en las vías locales, que infortunadamente se repiten a diario.
El pasado 13 de mayo, en La Sierrita, una buseta de servicio público se volcó, dejando heridas a 19 personas, y el DATT reportó que su conductor manejaba borracho.
Dos días después, un estudiante de Derecho que manejaba una moto después de tomar licor se estrelló contra una piedra y murió en el acto.
La historia se ha repetido lastimosamente este año, según las estadísticas del DATT, que este año ha sancionado a 1.151 conductores porque manejaban borrachos carros o motos.
A pesar de las dolorosas consecuencias de mezclar alcohol y gasolina, y a pesar de los frecuentes y exitosos operativos de control que realiza el DATT y que han sacado de las vías a cientos de conductores embriagados, se sigue cometiendo esa peligrosa imprudencia, especialmente grave en el caso de quienes manejan buses o busetas de servicio público, que tienen en sus manos la vida de muchas personas.
Como muchos otros comportamientos imprudentes, irresponsables y peligrosos que causan muertos y heridos, las sanciones y castigos para los conductores embriagados no son lo suficientemente drásticos para disuadir a más cantidad de personas de manejar luego de consumir bebidas alcohólicas.
Un proyecto de ley que impone cárcel para quienes conduzcan bajo los efectos del licor no se estudió en la debida seriedad en el Congreso el año pasado, y apenas este año se ha reanudado su trámite.
En él se endurecen las penas, se tipifica la muerte de una persona por causa de un conductor embriagado como delito doloso y no se permite la excarcelación, e incluso se dispone el arresto de hasta 30 días de los conductores que manejen sus vehículos ebrios, aunque no hayan causado ningún accidente.
Ante la trágica y dolorosa escena de la madrugada de ayer, este endurecimiento de sanciones parece todavía demasiado tenue, porque decidirse a manejar borracho un vehículo de elevada capacidad a toda velocidad en una vía urbana no puede considerarse sino un acto criminal, sobre todo si después de atropellar a tres personas intenta escapar del lugar de los hechos.