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El último censo electoral revelado ayer por la Registraduría Nacional del Estado Civil habilita a 29’882.147 colombianos para votar el 14 de marzo de 2010 por congresistas y miembros del Parlamento Andino.

Tenemos 3’286.976 votantes más, con respecto a 2006. Del censo fueron dadas de baja 57.796 personas por pérdida o suspensión de los derechos políticos, 168.860 documentos de ciudadanos fallecidos, 4.616 por doble cedulación y 79 por falsa identidad.
El censo electoral no sólo importa para determinar el porcentaje mínimo de votantes para aprobar el referendo de la reelección presidencial, si lo avala la Corte Constitucional, sino para establecer el porcentaje de abstención, una prueba de legitimidad de nuestra democracia.
Injustamente, la obtención de curules por los candidatos al Congreso no depende de un porcentaje mínimo de votación. Aunque sólo vote el 10% de los habilitados por el censo, algunos candidatos serán elegidos si su partido saca un número de votos mayor al umbral.
Pero para el referendo, tiene que votar por lo menos el 25% del censo. El que reveló la Registraduría, válido para las elecciones de marzo de 2010, no variará mucho para la eventual votación del referendo, así que sus promotores necesitarán más votos para validarlo. Según el censo pasado, se requerían 7’352.783 votantes, pero ahora tendrán que votar 114 mil personas más. De esas, deberán votar en favor de la reelección, al menos, 3’735.569 de personas.
También influye directamente el censo en los límites de gastos de las campañas, y, consecuentemente, en el dinero que se reintegra a los partidos en la llamada reposición de votos. A medida que el censo crece, el tope de gastos de campaña aumenta.
Las elecciones pasadas demostraron que se necesitaría un mecanismo más riguroso de comprobación, para verificar si hubo financiación por fuera de las cuentas oficiales, una práctica evidente pero imposible de probar por la ambigüedad de las herramientas disponibles.
El censo, debido a la gran cantidad de procesos que requiere, no es un reflejo exacto del número de colombianos que tiene derecho al voto. A veces, incluso, se utilizó para cuadrar cifras en determinadas circunscripciones, mediante el traslado de votantes o la habilitación de personas fallecidas y hasta inexistentes.
Con más de tres millones adicionales de votantes potenciales, los candidatos al Congreso tendrán otras oportunidades para engrosar su votación, pero también deben trabajar más para superar el umbral, que aumentaría si el número total de votantes aumenta.
En estos cálculos matemáticos está la mayor parte de la base de nuestra democracia electoral, incluso más que en las propuestas de los candidatos, así que mientras la legitimación de los elegidos no dependa de sus proyectos políticos, sino de un mecanismo complejo de sumas y restas, divisiones y operaciones porcentuales, que convierte a los votantes en elementos estadísticos, no tendremos una democracia representativa auténtica.
La ciudadanía puede empezar a cambiar tal escenario, conociendo lo que significa depositar un voto y asegurándose de hacerlo por quienes muestren una hoja de vida seria y propuestas realistas e incluyentes.

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Comentarios

Bueno. Esto por lo general

Bueno. Esto por lo general ocurre con los nuevos ciudadanos mayores de edad y con cédula. Pero al mismo tiempo, ¿la Registraduría purificó los listados con los ciudadanos fallecidos y con cédulas extraviadas y clonadas?