Los constructores de edificios altos en Cartagena han sido algo descuidados en materia de prevención de accidentes, lo que ha motivado numerosas quejas de vecinos de importantes proyectos en Manga y Bocagrande. Normalmente, los ingenieros y maestros de obra omiten las protecciones obligatorias que impiden la caída de herramientas o materiales en la calle o las casas contiguas, para gastar menos de la cantidad que los socios capitalistas asignaron para ese propósito. En El Universal hemos registrado varios casos presentados en la zona contigua a donde se construyen edificios de apartamentos, porque de la obra cayeron materiales que destruyeron techos de casas y de carros, y que estuvieron a punto de lesionar a personas que pasaban por allí. Incluso, algunas de estas obras fueron suspendidas por la Alcaldía local correspondiente, hasta cuando fueran dispuestas las protecciones que exigen las normas. En realidad, estos procedimientos sancionatorios sólo han logrado mitigar el riesgo, porque en muchas construcciones suspendidas, aunque se colocaron estructuras de protección, éstas son precarias y sólo resguardan a medias. También hay descuido en lo que tiene que ver con la seguridad de los obreros que trabajan en las construcciones, y por eso ocurrieron accidentes que causaron la muerte de al menos tres trabajadores en los últimos 18 meses. Es normal que en todo proyecto, los inversionistas quieran obtener las utilidades que justifiquen el desembolso que hicieron, pero resulta irresponsable, por decir lo menos, que los profesionales a cargo de las obras dejen de cumplir imprescindibles y obligatorias medidas de seguridad, sólo por obtener más ganancias, olvidándose que hay vidas en juego. Aunque en Cartagena no se conocen casos de construcciones sancionadas por usar materiales con especificaciones inferiores a las calculadas por los ingenieros y a las que disponen las normas técnicas, parece que esta práctica ilegal es frecuente, también con el propósito de ganar más dinero. En Cartagena tampoco existe una vigilancia minuciosa y estricta de toda construcción, ya sea porque las entidades gubernamentales no tienen suficiente capacidad técnica ni personal para ello, o porque simplemente se pasan por alto requerimientos que deben ser atendidos con juicio. Recientemente se añadió una nueva exigencia en el Código de Sismo Resistencia NSR-10, que obliga a todos los constructores a utilizar acero de refuerzo de concreto que cumpla estrictamente la norma técnica NTC2289, incluso en la Costa Caribe, donde antes se permitía el uso de aceros fabricados bajo otra norma y con menor o ninguna exigencia en materia de sismo resistencia. Los constructores deben saber que las barras de acero que se usen en las obras debe tener una W como resalte en el cuerpo, lo que significa que fue producido bajo la norma técnica mencionada, y las entidades distritales encargadas del control a las construcciones deben asegurarse de que no se esté pasando por alto esta obligación, establecida para proteger la vida de quienes habitarán estos edificios y vivan o pasen por sus alrededores. La propia comunidad debe actuar, exigiendo el cumplimiento de las normas que garantizan su seguridad, usando cualquiera de los mecanismos que le dio la Constitución y las leyes reglamentarias.
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