Menores en combate

Como una ironía siniestra, la celebración del Mes del Niño en Colombia la acompañan hechos de orden público con menores en primera línea.
El pasado fin de semana, cinco niños reclutados por el grupo guerrillero Eln fueron rescatados por tropas de la XV Brigada del Ejército tras combates en el Chocó.
Estos menores, de entre 10 y 17 años de edad corroboran lo que vienen denunciando las Fuerzas Militares, el ministro de Defensa y el Bienestar Familiar desde hace muchos años: los grupos armados ilegales no solo reclutan niños por la fuerza, especialmente en zonas indígenas, sino que los utilizan como carne de cañón en enfrentamientos con el Ejército, en emboscadas o ataques.
El Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) y la oficina del alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU presentaron recientemente un informe según el cual, tanto las Farc como el Eln siguen reclutando menores a la fuerza, cuya dimensión se comprueba con la desvinculación de 5.161 niños y jóvenes de las guerrillas, las autodefensas y en las bandas criminales en los últimos cinco años.
Lo más preocupante es que las autoridades corroboraron que los dos grupos guerrilleros han intensificado el reclutamiento de menores para reemplazar a los combatientes que desertaron o murieron en combate.
La Defensoría del Pueblo comprobó que reclutar menores es mucho más frecuente en los departamentos de Antioquia, Meta, Vichada, Caquetá, Nariño, Guainía, Cauca, Chocó, Putumayo, Arauca, Norte de Santander, Tolima y Bolívar, y los que lo hacen en mayor número son las Farc, que entrenan militarmente a niños, especialmente en el Cauca, sacándolos a la fuerza de comunidades guambianas o paeces.
Aunque el 69% de los menores reclutados por la guerrilla proviene de zonas rurales, el reclutamiento forzado en sectores urbanos aumentó el 17% en el último, de acuerdo con el ICBF.
En los casos documentados por el Bienestar, 87% de los menores han participado en combates, y en general son utilizados para tareas bélicas o acciones de apoyo peligrosas, por lo cual más de 3 mil menores han sido víctimas de minas.
Otro hecho infame, también documentado de manera inequívoca, es que muchas niñas son usadas para prestar servicios sexuales.
Siendo las Farc los responsables de la mayoría de estos actos atroces, tipificados como los más graves crímenes de lesa humanidad, es preciso que en la mesa de conversaciones de La Habana, el Gobierno les exija a los negociadores de la guerrilla que cesen de inmediato esta práctica atroz, sin intentar distraer la discusión del tema, negando descaradamente una práctica que ha sido claramente comprobada en sus filas.
El Gobierno también debería perfeccionar los programas para evitar el reclutamiento de menores, para volverlos eficientes, y convertirlos en una política de Estado.