La muerte de un suboficial y de 10 soldados del Batallón Energético y Vial No. 16, en una emboscada del décimo frente de las Farc en Arauca, dejó claro que ese grupo guerrillero tiene todavía la capacidad de causar grandes bajas en las tropas del Ejército y aprovechar el mínimo descuido para hacer mucho daño. Subestimar a las Farc sería una insensatez.
El propio presidente Santos reconoció que las tropas emboscadas cometieron el error fatal de no seguir los procedimientos establecidos, por ejemplo, quedarse cinco días en un sitio, cuando el protocolo ordena no permanecer más de dos noches en el mismo lugar.
Días antes, uno de los soldados muertos se había comunicado con su padre para decirle que estaba muy preocupado porque había francotiradores que no los dejaban moverse y que eso los hacía más vulnerables.
Este ha sido el peor ataque de las Farc al Ejército en este gobierno y por fuerza pone otra vez en el centro de la polémica la eficacia de la política de seguridad del presidente Santos.
La voz más crítica es la del expresidente Uribe, para quien la seguridad nacional se ha deteriorado y es preciso que el Gobierno mantenga una ofensiva militar constante y prolongada, sin caer en las trampas de los diálogos de paz o condiciones para liberar a los militares y policías secuestrados.
Ese criterio lo comparten muchos colombianos, y la respuesta presidencial es que el incremento de los actos terroristas de la guerrilla no significa que la guerrilla tenga la ventaja estratégica, lo cual es cierto, pero no tranquiliza a la nación, sino lo contrario.
En lo que todo el país coincide es en que ya las Farc han perdido toda la credibilidad, que sus exigencias absurdas para liberar a los secuestrados contradicen frontalmente la voluntad de diálogo que dicen tener.
No hay justificación a que pidan que se autorice a los miembros de Colombianos y Colombianas por la Paz para visitar a guerrilleros presos, como condición para la liberación que las propias Farc ofrecieron como gesto de buena voluntad.
Si el presidente Santos quiere convencer a la guerrilla de que no está dispuesto a permitirles burlarse del país y que su propósito de combatirla es profundo e indeclinable, podría empezar por negar rotundamente el permiso para visitar a los guerrilleros presos.
En este momento coyuntural para el país, cualquier aceptación de exigencias que buscan dilatar la liberación de los secuestrados será entendida por la guerrilla como una debilidad y se aprovecharán de ella todo lo que puedan.
Además, los errores estratégicos o de falta de rigurosidad en el cumplimiento de los protocolos por parte de las tropas oficiales no pueden repetirse. Por el contrario, las Fuerzas Militares deben mejorar día a día su contundencia y su capacidad de inteligencia, para que quienes sufran más golpes severos sean los frentes guerrilleros.
El costo en vidas humanas de la emboscada fue terrible, pero también lo fue la pérdida de confianza en el Estado, que equivale en ventaja psicológica a un golpe mucho más contundente y del que es más difícil recuperarse. Y a eso le apunta la guerrilla.
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