La incertidumbre en torno a la marcha administrativa de Cartagena, en razón de la enfermedad del alcalde Campo Elías Terán, quien requiere un tratamiento que lo debilita, empieza a deteriorar la gobernabilidad en el Distrito y a inquietar a sus habitantes. Sin un pronunciamiento oficial claro, ya sea del propio alcalde Terán o de un vocero autorizado, los rumores se difunden sin control, creando un laberinto de versiones confusas.
Ayer, la rumorología daba como un hecho que el alcalde pediría una licencia de poco menos de tres meses, para dedicarse solo a recibir un tratamiento integral contra su enfermedad en los Estados Unidos o en el interior del país, y que encargaría a quien será el secretario de Hacienda, Óscar Brieva.
Este periódico consultó a Brieva, quien aseguró que Terán viajará a Bogotá a nuevos chequeos médicos para determinar si requiere una nueva incapacidad. No aclaró si este viaje se extenderá por una nueva sesión de su tratamiento a finales de la próxima semana, cuando se cumplan los 21 días anunciados el día de su reintegro.
Esta situación confusa, por supuesto, da pie a especulaciones sobre maniobras para amarrar recursos a contratos repartidos desde ahora, antes de que la salud del alcalde requiera su retiro temporal o definitivo y el Presidente deba nombrar un encargado.
Los episodios de la revocatoria del decreto de la Zona Norte y la prórroga de los contratos de aseo, además de la polémica sobre las vigencias futuras, que exigían respuesta directa del alcalde titular, contribuyen a enrarecer el ambiente local. Se requiere que la Administración diga sin ambigüedades cómo está la salud del alcalde y las opciones contempladas de acuerdo con su evolución.
Además, para despejar dudas sobre la motivación de la utilización de los recursos del Distrito, sería muy sano retirar el proyecto de las vigencias futuras hasta cuando se tenga certidumbre de la permanencia del alcalde en su cargo.
Aunque no exista ilegalidad en este procedimiento de financiación, el alcalde Terán no está en condiciones de defenderlo en el Concejo, y la defensa hecha por sus principales colaboradores ha sido tenue y sin fuerza.
La situación de Cartagena está en boca de todo el país, y los medios nacionales comienzan a preguntarse por el rumbo de la ciudad y la verdadera mano que lo dirige.
Aunque no es una encuesta formal, el sondeo de eluniversal.com reveló que 91% de quienes contestaron cree que el alcalde debe pedir una licencia y completar su tratamiento sin distracciones.
El artículo 39 de la Ley 136 de 1994, establece, entre las “faltas temporales” de un alcalde de Distrito, las licencias y la incapacidad física transitoria, durante las cuales el mandatario puede encargar a uno de sus secretarios.
Tanto las licencias como las incapacidades tienen un límite, excedido el cual se considera la existencia de una “falta absoluta”, lo que obliga a que el Presidente nombre un encargado mientras convoca a elecciones.
Sería nefasto para Cartagena que se estuviera jugando con los límites de estas ausencias temporales solo para aprobar de afán proyectos tan importantes para el futuro de la ciudad.
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