Una inaudita propuesta, presentada por un periodista, se lanzó ayer en último día del Foro sobre Participación Política, organizado por la ONU y la Universidad Nacional, como actividad complementaria a los diálogos de La Habana: crear una ley que restrinja la propiedad de los grandes grupos económicos en los medios de comunicación.Una ley parecida es la que impulsan presidentes latinoamericanos como la argentina Cristina Fernández y el ecuatoriano Rafael Correa, y que ha recibido un amplio rechazo en el mundo entero porque viola la libertad de expresión.
Para nadie es un secreto que detrás de los grandes medios hay participación de grupos empresariales, pero tampoco es un misterio que para garantizar una labor de calidad y una amplia difusión, los medios deben ser empresas y deben producir utilidades.
Por otra parte, se ha producido una explosión de medios independientes que aprovechan la facilidad y el alcance de la web para convertirse en alternativas de información, creando una pluralidad de pensamiento y reseña informativa que oxigena la democracia.
Son los mandatarios de izquierda quienes más propician este control, y el ejemplo de Venezuela es patético en ese sentido. De no ser por las redes sociales, a las que también se intenta bloquear en las dictaduras, el mundo no hubiese conocido el panorama electoral escuchando a las dos partes en conflicto y la voz de la oposición, que es medio país, se hubiese silenciado.
La aceptación de los medios, en un ámbito democrático se rige por la competencia, y aunque con más recursos se puede publicar información más amplia y mejor presentada, a un periódico, canal de televisión o diario digital le queda muy difícil difundir información inexacta o falsa porque hay infinidad de fuentes adicionales donde encontrar la información verdadera.
En general, todo lo que publican los que son llamados monopolios de la información recibe la réplica constante de los ciudadanos y para comprobarlo basta ir a la página web de esos medios para leer comentarios en pro y en contra, algunos insultantes y sin respaldo.
No es la función empresarial de los medios, gracias a la cual decenas de miles de personas tienen empleo, la que causa un detrimento de la calidad informativa ni la que vulnera la democracia.
Por el contrario, las leyes que se disfrazan del propósito de “democratizar” la información esconden veleidades dictatoriales de los gobiernos ilegítimos que le temen al pluralismo informativo.
¿Habrá mayor contrasentido que buscar la democratización de la información, prohibiendo o restringiendo el funcionamiento de los medios?
Se propuso en el Foro darle a la oposición un canal de televisión, emisoras de radio y una revista nacional, financiadas suponemos que por el Estado. No es una mala idea, pero debe ser más concreta. Nos preguntamos si ahora que han cerrado medios en Venezuela y Ecuador, ¿les dará el Estado lo mismo a los opositores? ¿Y el régimen de los Castro financiará una revista para la bloguera cubana Yoanni Sánchez?
La discusión sobre el contenido de los medios debe ser eso, un debate, no una acción autoritaria de censura.
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