Si la sola economía –especialmente la economía de mercado– fuera suficiente para lograr condiciones sociales más equitativas y una mayor variedad de opciones para los ciudadanos, sobraría la política en la misión de garantizar y perfeccionar el desarrollo humano. A través de la política, sin embargo, pueden corregirse las distorsiones en el equilibrio social, que produce la economía de mercado, aplicada ciega y desenfrenadamente. Cuando la economía y la política se unen sobre sólidos principios, la democracia adquiere solidez y construye espacios adecuados de participación ciudadana, de manera que las decisiones gubernamentales se tomen, pensando siempre en el bienestar colectivo. El primer paso para lograr esas condiciones ideales para la vida y el desarrollo de una nación como la nuestra es la gobernabilidad democrática, que nace de una interacción entre el Gobierno y los ciudadanos. En Colombia todavía nos queda un largo camino para que esa interacción sea inherente al ejercicio de la política y de la administración pública. Hemos gastado mucho tiempo y esfuerzo en cimentar la democracia electoral, con pocos avances, y sólo en los últimos años comenzamos a preocuparnos de la democracia ciudadana. La elección de un nuevo Congreso es la oportunidad precisa para favorecer mayores avances en materia electoral y comenzar la implantación de la democracia ciudadana. La democracia es posible con elecciones libres y limpias, que a su vez permiten integrar cuerpos legislativos de representatividad auténtica. Si la ciudadanía elige a los candidatos que demuestren una trayectoria de honestidad y seriedad, una lucha constante contra la corrupción y un elevado sentido de la justicia social, es posible colocar los cimientos sólidos para construir la gobernabilidad democrática. Pero si votamos por un candidato determinado, porque nos pagó 100 mil pesos, nos ofreció un puesto en el sector público o nos prometió falsamente obras para el barrio donde vivimos, estamos contribuyendo a perpetuar la corrupción política que tanto daño le ha ocasionado a la democracia y al mejoramiento de las condiciones de vida de la gran mayoría. Como ciudadanos, debemos exigirles a los candidatos al Congreso, en primer lugar, una hoja de vida intachable, y enseguida, un programa serio, realista y que contenga los términos específicos del contrato electoral, sin generalizaciones ni ambigüedades. Hasta ahora, han primado las frases publicitarias sobre las propuestas serias. Debemos entender que no existen candidatos todopoderosos que nos van a resolver la vida. Lo que valen son las propuestas, los programas, no el saludo amistoso y los abrazos generosos, que reparten a diestra y siniestra porque necesitan nuestros votos. Por eso debemos desechar tajantemente a los candidatos que exhiban pobreza programática, y que pretenden conquistar electores con enormes sonrisas y gestos hipócritas de sensibilidad social. A quien nos pida el voto, preguntémosle si está dispuesto a publicar su declaración de renta y exijamos de él o ella, firmar un compromiso serio de rendirnos cuentas cada año. Vender el voto por dinero o prebendas es perder la dignidad, degradarnos y convertirnos en esclavos de gente muchas veces con capacidades muy inferiores a las nuestras. El desarrollo social no es una responsabilidad exclusiva de gobernantes y legisladores, sino de todo el conjunto de la sociedad, incluidos los ciudadanos, cuyos derechos van más allá de la facultad de elegir.
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