En ese sitio se encuentran 141 antiguos vendedores informales que trabajaban en las aceras de la Avenida Carlos Escallón y alrededores, los cuales aceptaron desocupar los sitios que habían invadido y participar en un proceso que incluyó capacitación y armonización con los procesos legales, de manera que hoy están trabajando como pequeños comerciantes y cumplen con sus obligaciones.
A pocos metros, la Avenida Venezuela es un ejemplo de las dificultades que tienen las administraciones distritales para recuperar el espacio público, cuando no existe la decisión de mantener controles continuados por parte de la Policía, aunque es evidente que de ello depende que no se vuelva a invadir lo que ya ha sido desalojado.
Es claro que el Distrito está en la obligación de despejar cualquier espacio público que haya sido invadido por particulares, y que en el cumplimiento de ese cometido debe buscar soluciones para quienes se dedicaban a realizar en esos sitios actividades de las cuales derivaban el sustento, como programas de reconversión, capacitaciones en oficios de alta demanda, e incluso intermediación para que los antiguos vendedores informales obtengan créditos a largo plazo y bajos intereses para empezar su vida en la formalidad.
Sin embargo, esa obligación de ayudar a quienes son retirados del espacio colectivo tiene sus límites, y no se trata de una limosna que el Estado tiene el deber de otorgar a los vendedores informales por ser pobres, sino de una manera de cumplir su misión de mejorar las condiciones de vida de la población y garantizarles la oportunidad de ganarse la vida.
Gran parte de los que han vuelto a ocupar la Avenida Venezuela –porque ayer estaba atestada de vendedores nuevamente-, aprovechándose de que se han espaciado los controles policiales, deben entender que no tienen los mismos derechos que aquellos que durante muchos años estuvieron allí, debido a la omisión de gobiernos sucesivos, ocupando un espacio sin permiso ni concesión.
En estos casos, no se trata de una estrategia para enfrentarse a la pobreza, sino de una conducta transgresora que debe frenarse de inmediato y sin contemplaciones.
Demasiadas oportunidades ha creado no sólo el Distrito, sino todo el Estado, con la colaboración a veces del sector privado, para que los que no tienen trabajo ni manera de ganarse la vida formal y legalmente, puedan obtener una fuente de ingresos.
Muchas de ellas han sido desaprovechadas, o sólo han recibido una respuesta muy tenue, como las convocatorias a obreros no calificados que ha hecho Reficar.
El Centro Comercial Nueva Colombia es la demostración de que para los vendedores informales callejeros hay oportunidades de generar recursos de manera legal y formal, y que deberían esforzarse por cambiar el paradigma paternalista y clientelista que pretende perpetuar la permisividad con respecto a la ocupación irregular del espacio público.
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