Opositores a la lucha contra la corrupción

La corrupción representa una de las mayores amenazas para la estabilidad y seguridad de las sociedades, al debilitar las instituciones y demoler los valores fundamentales de la democracia y la justicia.
Un país invadido por la corrupción es un país que no progresa, que se hunde paulatinamente en la miseria y sobrevive precariamente aplastado por el delito.
Los efectos de la corrupción son tan devastadores como los de la violencia armada y el crimen, porque carcomen desde dentro y pervierten incluso a los más íntegros sectores de la sociedad.
Cuando un gobierno y una sociedad civil deciden enfrentarse valerosa y enérgicamente a la corrupción, los primeros que se oponen son quienes se lucran de ella.
En Colombia, a raíz de los escándalos sobre irregularidades en contratación estatal, el desfalco a la DIAN y la distribución ilegal de subsidios de Agro Ingreso Seguro, muchos defensores fanáticos del anterior gobierno se han convertido, indirecta e involuntariamente, en opositores a la lucha contra la corrupción, con lo cual envían a los ciudadanos y a la comunidad internacional un mensaje equívoco que nos crea en el exterior la imagen torcida de un país donde impera el crimen y la justicia no funciona.
Flaco favor le hacen a la democracia, a la gobernabilidad y a la estabilidad institucional, quienes aprovechan su notoriedad pública para controvertir sin argumentos cualquier decisión judicial, sólo porque afecta a sus amigos y colaboradores.
El colmo de la ironía cruel es pronosticar que los procesos por corrupción resultarán siendo “falsos positivos”, una expresión que remite a hechos tan dolorosos para el país y que tanto fue rechazada y condenada por quienes hoy la utilizan para deslegitimar la acción de la justicia.
Desconocer el cúmulo probatorio que permitió sustentar el inicio de los procesos en marcha es negar que el sol sale todos los días.
En un país cuyos ciudadanos son escépticos y no confían a plenitud en sus instituciones, criticar desde la posición privilegiada de la notoriedad pública y el estatus político, con ferocidad y ensañamiento, a la Corte Suprema, a la Fiscalía y al Tribunal Superior de Bogotá porque está cumpliendo con su misión, porque está actuando con la determinación que la Nación tanto les reclamaba, es contribuir a la polarización bárbara que tanto daño nos ha infligido.
No es hora de enfrentamientos soberbios y carentes de argumentos sólidos, es hora de respaldar a nuestra justicia, incluso controvirtiendo sus fallos cuando sean abiertamente abusivos, pero sustentando ese rechazo con evidencias verídicas y contundentes.
La lucha contra la corrupción debe seguir sin descanso, sin importar quienes deban pagar por los delitos que cometieron o toleraron, porque la corrupción causa pobreza, viola los derechos humanos, frena el desarrollo económico, atenta contra la democracia y sirve de apoyo al crimen organizado.