El incendio de siete casuchas de madera y zinc en la Loma del Rosario del barrio Nariño fue causado, según los primeros indicios hallados por el Cuerpo de Bomberos, por un cortocircuito debido a una elevación súbita del voltaje, ya que prácticamente todas las viviendas de esta zona carecen de instalaciones internas adecuadas y seguras. Desastres como este, han ocurrido muchos en Cartagena, que tiene demasiados asentamientos en zonas de alto riesgo, y cuya reubicación no da espera, al igual que una política preventiva que impida con toda la energía de la autoridad, que vuelvan a edificar casas precarias en esos lugares. Una promotora social de la Localidad Histórica confirmó que las familias damnificadas por este incendio habían sido incluidas en un censo realizado en 2004 sobre personas que vivían en zonas de alto riesgo y están en la base de datos de la Oficina de Prevención y Atención de Desastres, como candidatas prioritarias para reubicación. Varias administraciones distritales, cuya gestión siguió esa tradición de indiferencia que ha convertido a Cartagena en una estructura urbana caótica y descontrolada, ignoraron el crecimiento desbordado de asentamientos subnormales, sobre laderas que pueden deslizarse con el primer aguacero y sobre zonas inestable de las orillas de los cuerpos de agua, con redes de energía improvisadas e inseguras y la ausencia de controles que impidan la depredación del medio. Precisamente, para garantizar el crecimiento organizado de los municipios, se estableció el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), donde se fijan los usos del suelo y se plantean desarrollos futuros de acuerdo con tales usos. Aunque muchos gobernantes piensan que esto significa “ordenar el territorio”, en realidad lo que se ordena es la actividad humana en él, de manera que deben definirse zonas protegidas donde no haya casas ni otras edificaciones, como las laderas de La Popa o las orillas de los cuerpos de agua, en el caso de Cartagena. Mientras no se haga respetar el uso del suelo establecido en el POT vigente, y en el que se actualice, la ciudad seguirá creciendo de manera desordenada y los desastres se harán más frecuentes y numerosos, con mayores pérdidas en vidas humanas y en bienes materiales. La reubicación es una forma de empezar a solucionar el problema, pero hay que asegurarse, además, de que los sitios que ocupaban las familias desalojadas en zonas de alto riesgo, no vuelvan a ser ocupados por otras familias en ranchos precarios. Es hora de tomar la decisión firme e inquebrantable de conservar en la práctica el ordenamiento territorial establecido en el POT, o veremos cómo la calidad de vida de los cartageneros bajará cada vez más, se multiplicarán los asentamientos legales e ilegales, reduciendo el espacio libre colectivo, aumentando el calor y las incomodidades, deteriorando las redes de servicios y, lo más grave, incrementando el peligro para todos los habitantes.
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