Esta es otra semana de paros y de abusos contra la movilidad en la ciudad y sus alrededores. Se extiende en Cartagena y en los municipios aledaños la práctica cada vez más frecuente de bloquear las vías para protestar por cualquier inconformidad.
Esto puede tener muchos motivos, pero dos son obvios: primero, la ineficiencia de las distintas entidades públicas del Distrito para cumplir con sus compromisos mínimos con la gente. Esta deficiencia no es original de la administración temporal de Cartagena, sino una característica de la mayoría de sus gobiernos. Ocuparse de la politiquería suele quitarles el tiempo necesario a los funcionarios para hacer bien el trabajo para el que fueron nombrados o elegidos.
La segunda razón para la proliferación de protestas que inmovilizan a la ciudad es la impunidad casi absoluta para quienes las promueven y ejecutan a pesar de existir la Ley de Seguridad Ciudadana, o Ley 1453 de 2011, artículo 44.
Este dice así: “Obstrucción a Vías públicas que afecten el orden público. El que por medios ilícitos incite, dirija, constriña o proporcione los medios para obstaculizar de manera temporal o permanente, selectiva o general, las vías o la infraestructura de transporte de tal manera que atente contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo, incurrirá en prisión de veinticuatro (24) a cuarenta y ocho meses (48) y multa de trece (13) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes y pérdida de inhabilidad de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena de prisión”.
La protesta antier de algunos colegios privados que le exigían al Distrito contratar con ellos la cobertura escolar de las zonas donde no hay escuelas oficiales, es decir, poner en práctica el Plan Becario, inmovilizó a la ciudad turística e histórica con unas aristas de irresponsabilidad de parte de los organizadores de la marcha, poco antes vistas.
Perjudicaron a los viajeros nacionales e internacionales, que debieron arrastrar sus maletas a través de la protesta para tratar de llegar al aeropuerto e impidieron durante varias horas que las personas locales llegaran desde los barrios a sus trabajos en Bocagrande, Castillogrande y El Laguito, y que los habitantes de estos salieran a sus labores.
Y lo peor: se valieron de decenas de niños inocentes, usados como escudos humanos para tratar de evitar la represión legítima de la Policía, imitando a algunos de los peores y más irresponsables actores de la violencia rural colombiana, que utilizan a la población civil –incluyendo niños- como defensa contra las fuerzas del Estado.
El próximo alcalde en propiedad deberá estar atento a sus responsabilidades para cumplirle a la gente, y también para usar la ley contra quienes la violen.
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