En septiembre del año pasado, la comandante de la Policía Comunitaria, coronel Luz Amparo Garzón, revelaba que un estudio realizado en diferentes barrios populares de Cartagena había identificado a 78 pandillas juveniles, cuyos integrantes tienen entre 16 y los 25 años de edad.
Desde hace muchos años, la Policía Metropolitana adelanta un programa de resocialización con los pandilleros y de prevención con los jóvenes en riesgo de serlo, pero ha sido una labor muy ardua, como reconoció en ese momento la coronel Garzón, principalmente porque los jóvenes se han vuelto desconfiados debido a la cantidad de gente que ha llegado con promesas y propuestas engañosas.
Y aunque entonces la oficial descartó que desmovilizados estén asesorando a los pandilleros en Cartagena en el manejo y fabricación de armas, sí se ha comprobado que las bandas criminales los están utilizando cada vez más para el control territorial y la expansión del negocio del microtráfico de drogas.
El problema está creciendo de manera alarmante, incluyendo la extorsión en los barrios y en Bazurto, y no son suficientes los programas de resocialización y prevención como el que realiza la Policía Comunitaria.
El último hecho violento ocurrido con una pandilla sucedió el domingo pasado, cuando los habitantes de Colombiatón fueron víctimas de un ataque en masa por presuntos pandilleros de Flor del Campo, armados con machetes, palos y piedras, que al parecer buscaban a jóvenes rivales a quienes acusaban de atacar en su barrio. Parece un síntoma de la típica guerra de pandillas donde los más perjudicados son quienes quedan en mitad del enfrentamiento.
Atracos violentos, riñas sangrientas y el asesinato de rivales y de gente ajena al problema se están volviendo tan frecuentes y de tanta gravedad, que estamos seguros que la Administración distrital y la Policía Metropolitana se sienten obligados a pensar con prioridad en estrategias distintas y más eficaces para enfrentar el problema.
Uno de los esfuerzos más notables para entender y tratar de resolver la violencia pandillera fue de la Iglesia Católica a través del padre Efraín Aldana, que entendió su dimensión y sus múltiples y muy complejas causas.
Pero se necesita algo más que esfuerzos aislados para tener éxito en esta difícil misión, y sobre todo, se necesita la intervención simultánea de múltiples entidades que actúen para superar las dificultades sociales, educativas y de entretenimiento. En pocas palabras, se necesita más Estado.
Al alcalde ahora suspendido, Campo Elías Terán, se le ocurrió al comienzo de su administración convocar a las numerosas iglesias evangélicas y pentecostales de la ciudad, para que aprovecharan su enorme influencia en la comunidad y crearán un frente de acción contra la violencia de las pandillas, aprovechando la experiencia y el gran esfuerzo del padre Aldana.
Es una buena idea que nunca se pudo materializar y sería una oportunidad para que todas las iglesias demuestren que les preocupa no solo el bienestar espiritual de sus feligreses, sino la calidad de vida de toda la ciudadanía, especialmente de los más pobres, que son los habitantes de los barrios donde el problema es crítico y de donde se irradia cada día más al resto de Cartagena.