Por supuesto, el gobierno de la presidenta Cristina Kirchner negó que se trate de un ataque a la libertad de prensa, ratificando así su pasividad gubernamental frente el bloqueo contra un medio que se ha caracterizado por su beligerancia crítica contra el oficialismo.
Lo que el ministro de Trabajo argentino Carlos Tomada llama “un conflicto laboral de larga data”, impidió no sólo que Clarín circulara por primera vez en 65 años, sino que dificultó la distribución de La Nación, otro diario argentino, en Buenos Aires y sus alrededores.
No es la primera vez que Clarín recibe golpes del gobierno. El año pasado, se canceló la licencia de la firma Fibertel, del grupo Clarín, para ofrecer el servicio de Internet a un millón de usuarios, y en 2009 se le retiró al grupo la licencia exclusiva de transmisión por pago de partidos del fútbol argentino.
El sindicato que bloqueó la circulación del diario hace parte de la poderosa central gremial peronista CGT, gran aliada del gobierno y cuyo líder Hugo Moyano fue protagonista de un reportaje de investigación de Clarín, por supuesto crecimiento patrimonial desmedido.
Los sindicalistas dicen que el bloqueo se debe a que la empresa no garantiza la libertad sindical, y que despidió a delegados gremiales, pero ya un juez se había pronunciado frente a bloqueos anteriores, argumentando que impedir la circulación de un diario es un delito tipificado en el Código Penal.
Pero el gobierno no sólo se negó a intervenir en posteriores bloqueos, sino que como respuesta al de ayer, el ministro de Trabajo dijo que el gobierno ha tenido que “extremar las medidas para que la empresa reincorpore a los delegados”.
El silencio tolerante a la intimidación sindical desdice mucho sobre la voluntad gubernamental de defender la libertad de expresión en Argentina, y es evidente que no se trata de ningún conflicto laboral, puesto que también fue bloqueada La Nación, con la que no tienen conflicto sindical y que también ha sido crítica con los sindicatos y el gobierno.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) consideró el bloqueo como un “atentado agravado a la libertad de prensa”, y su presidente, Gonzalo Marroquín, añadió que las “violaciones a la libertad de prensa en Argentina nos dejan cada vez más perplejos, porque ni siquiera se hacen respetar los fallos de los jueces, que en el caso de los bloqueos, fueron considerados ilegales y anticonstitucionales”.
Y la Asociación de Diarios Colombianos –ANDIARIOS, a la que pertenece El Universal, expresó “su profunda preocupación por los nuevos actos de bloqueo contra el periódico El Clarín que impidieron su distribución”.
Con este gremio de la prensa escrita colombiana, también solicitamos al Gobierno de Argentina que en cumplimiento de la Constitución de ese país y de los tratados internacionales, adopte las medidas que sean necesarias para garantizar la libre y oportuna distribución de todos periódicos.
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