Debería primar el concepto de que el uso legítimo de la autoridad favorece a la mayoría de los ciudadanos sin atropellar a ninguna minoría y por lo mismo debe ser parte de la psiquis de cada buen ciudadano. Dicho de otra manera, la autoridad es legítima cuando defiende el interés común y los ciudadanos reconocen y apoyan ese principio indispensable para la vida comunitaria.
El paro de los mototaxistas ayer no consultó el bien común ni la autoridad legítima que emana de ese concepto y empodera a las fuerzas del orden, sino que pretendió establecer a la brava una actividad ilegal, e imponerle condiciones al resto del conglomerado y al Estado.
No sabemos si la ley de Seguridad Ciudadana ya aprobada, ilegalizando la conducta de coartar la movilidad ciudadana, fue reglamentada, pero lo de ayer es una burla abierta contra los principios que la motivan: ninguna persona ni grupo tiene derecho a impedirle la libre movilidad a los demás ciudadanos, no importa la causa.
Las autoridades deberían tomar medidas ejemplarizantes contra los líderes de los desmanes de ayer. Además de impedir que la gente se moviera libremente, grave en sí, hubo destrucción de bienes públicos, como los vidrios de las oficinas del DATT y varias vidrieras de las estaciones de Transcaribe.
El mototaxismo no solo es el fruto de la necesidad indiscutible de la gente de trabajar y del público de movilizarse eficientemente y por un precio razonable, ni producto exclusivo del servicio terrible del transporte público que ayudó a que los transportes ilegales e informales progresaran, sino de la combinación entre la desidia histórica de las autoridades y el oportunismo electorero y populista de los politiqueros de turno.
Si el mototaxismo se hubiese frenado desde el principio, como habrá que hacerlo más pronto que tarde, no se hubiera convertido en el monstruo que es hoy, y que además perjudica a los miles de motociclistas que funcionan legalmente, ya que la incapacidad de las autoridades las hace emitir medidas generalizadas contra quienes las merecen y contra quienes no.
La solución de este problema neurálgico para la ciudad no se puede postergar con el pretexto de esperar el servicio de Transcaribe, como si se fuera a corregir solo entonces, o desaparecer por arte de magia, sino que debe ser encarado con decisión según la ley y ofrecerles alternativas de trabajo distintas a los mototaxistas.
Es indudable que la ciudad necesita muchos más policías para ser viable, pero también es cierto que muchos de los que hay se hacen los de la vista gorda con las anomalías cometidas en sus narices a diario.
La ciudad está entre una Administración que termina y otra incierta por comenzar, circunstancia que no debería impedir a la Alcaldesa decidir lo indispensable hasta el último día de su mandato, por duras que sean las medidas.
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