José Nájera y Rafael Pérez, dos buenos jugadores que le entregaron su mayor esfuerzo al Real Cartagena durante muchos años, podrían quedarse sin jugar el torneo apertura del fútbol profesional colombiano de 2012, por cuenta de un veto decidido en un “pacto de directivos” contra aquellos que han renunciado por justa causa a sus clubes, debido al retraso en el pago de sus salarios y seguridad social, que fue denunciado la semana pasada por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro).
Esta nueva anomalía en el club cartagenero, que se apresta a empezar su participación en la Liga Postobón I, amerita no solo muna explicación clara y franca de sus directivos, sino una intervención del Distrito, como accionista, para asegurarse de que el manejo que se le da a la institución es adecuado y dirigido a propiciar el fortalecimiento del equipo.
Lo grave de esta denuncia, que los propios jugadores ratificaron en declaraciones a un periódico de Bogotá, es que el veto ya se había presentado antes con otro jugador del Real Cartagena en el primer semestre de 2008. Se trata de David Yépez, quien renunció al equipo en diciembre de 2007, por incumplimiento en el pago de salarios y seguridad social, y quien duró seis meses sin jugar por cuenta de ese “pacto de directivos”, esperando que la Dimayor le concediera la habilitación profesional, una solicitud negada por el presidente Ramón Jesurún con el argumento de que el jugador abandonó su sitio de trabajo, hasta cuando la Comisión del Estatuto del Jugador de la propia Dimayor falló en su favor en junio de 2008.
Toda esa demora en autorizar su habilitación, a pesar de que en abril de ese año, por no pagar las pensiones de sus trabajadores, la Dirección Territorial Bolívar del Ministerio de la Protección Social multó al Real Cartagena con veinte salarios mínimos legales, ratificando que era cierto el incumplimiento del club.
El “pacto de directivos” para vetar jugadores, que el presidente de la Dimayor y el del Real Cartagena niegan en declaraciones al periódico El Tiempo, había llegado a oídos de Coldeportes, que envió una carta a los directivos de los clubes en septiembre de 2011 advirtiendo que pactos como ese son abiertamente violatorios del derecho al trabajo.
Como le ocurrió a David Yépez, a quien el Ministerio de la Protección Social y la propia Dimayor le dieron la razón en 2008, José Nájera y Rafael Pérez deben llegar hasta el final, defender su causa con energía y sin dar un paso atrás, porque esta práctica debe acabar de una vez por todas.
Los directivos del Real Cartagena deben demostrar que a la fecha de la renuncia, estaban a paz y salvo con los jugadores, sin deberles un solo centavo, especialmente con Nájera, incluyendo en su caso las bonificaciones adicionales que redondean su sueldo “oficial” de unos 700 mil pesos mensuales, y sí no les han pagado, explicar por qué no les dan el aval para jugar en otros equipos.
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