El secuestro durante un mes del periodista francés Romeo Langlois por parte de las Farc debe ser un motivo para empezar una reflexión seria sobre las condiciones de seguridad en que trabajan los periodistas colombianos que cubren el conflicto armado en el país, y en la manera como tales condiciones influyen en la calidad del contenido noticioso que reciben los ciudadanos.
En una ponencia presentada hace cuatro años a un grupo de estudios sobre periodismo, el profesor Jesús Arroyave, de la Universidad del Norte, de Barranquilla, hace eco de la preocupación de muchos investigadores de la comunicación sobre las fuentes de las que el periodista obtiene la información sobre los hechos que va a publicar, y sobre la forma en que valida su veracidad y confiabilidad.
Como el conflicto armado es particularmente sensible en Colombia, y sus diversos actores tratan por todos los medios de influir en las noticias que la prensa difunde, se requiere que los periodistas tengan claro que es inaceptable, sin excepciones, limitarse a recoger la versión de uno solo de esos actores.
Semejante tarea no es un compromiso menor, sino una labor titánica porque constantemente los reporteros deben enfrentarse a la presión, a las amenazas y a las agresiones de los protagonistas del conflicto, especialmente de los grupos armados ilegales, para que sea su voz la única que se escuche o por lo menos la que más se escuche, esperanzados en que la capacidad de los medios de llegar a una audiencia amplia les puede otorgar de alguna manera cierta legitimidad.
Consciente de su responsabilidad de consultar todas las voces, en particular la voz de quienes representan la institucionalidad, como son los militares, Romeo Langlois acompañaba al Ejército durante una operación antinarcóticos, con el fin de obtener datos e imágenes para un documental periodístico.
Tras llegar a un laboratorio de procesamiento de droga, se dirigían a un centro de acopio de pasta de coca, cuando fueron atacados por más de 100 guerrilleros del frente 15 de las Farc.
Cuando empezó la balacera, el Ejército dice que Langlois tiró sus equipos, sacó las tarjetas de memoria de su cámara y corrió. Un comunicado de las Farc divulgado días después, reconociendo que estaba en su poder, dijo que el francés “vestía prendas militares del Ejército regular en medio de un combate”.
El secuestro de Langlois y su posterior utilización para obtener dividendos políticos convirtió a las Farc en violadores del Derecho Internacional Humanitario y en un obstáculo mayor para el ejercicio del derecho de la libertad de información en Colombia.
Contra esa amenaza y contra la amenaza de bandas criminales y grupos delincuenciales que en el curso de 2012 han lanzado amenazas contra 42 reporteros, como lo ha comprobado la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), es preciso que los periodistas cumplan a cabalidad con la obligación de consultar todas las fuentes, valorando la legitimidad de cada una de ellas, y se esfuercen en difundir con preferencia las voces que ayuden a fortalecer la solidez de las instituciones democráticas en medio del conflicto.
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