La primera carga contra el Decreto 0870 de 2010, mediante el cual la Alcaldía de Cartagena restringió el expendio de alcohol y los espectáculos públicos y bailes cerrados con picós, provino directamente de los empresarios musicales dedicados a la promoción de los ritmos populares y dueños de estos equipos de sonido de alta potencia y demasiado ruido. “Discriminación racial”, “medida que excluye nuevamente a los pobres” y “una enorme injusticia”, son algunas opiniones que recogieron ayer los medios de comunicación, tras conocerse la medida. Sin negar que en Cartagena todavía hay discriminación racial y que un porcentaje grande de la población sigue excluido en la marginalidad, atribuirle estas motivaciones al Decreto 0870 es negar una realidad corroborada por las estadísticas de criminalidad, además del ruido infernal del que se quejan la mayoría de los vecinos. Las estadísticas del Centro de Observación y Seguimiento del Delito (Cosed), muestran que la mayor cantidad de homicidios ocurren el fin de semana, particularmente los domingos y lunes a medianoche o en la madrugada. También revelan que crecen los homicidios debido a riñas, y que la mayoría ocurren en espectáculos en barrios populares, donde se consume alcohol y donde, según denuncian muchos ciudadanos, se vende droga. Con esta medida no se acabará la violencia homicida, pero sí se desestimulará un factor determinante de ella, teniendo en cuenta que casi la mitad de los homicidios cometidos este año ocurrieron en ese contexto y que las muertes por sicariato, aunque siguen siendo demasiadas, se redujeron con respecto a 2009. A pesar de las advertencias, recomendaciones del Gobierno distrital y la Policía, en estos espectáculos públicos no hay control de los asistentes, muchos de los cuales, exacerbados por el alcohol y la droga, se desahogan agrediendo a los demás. También es un hecho que los pandilleros, en grupos grandes o pequeños, suelen asistir a estos bailes. No es que los picós, la música champeta o los bailes populares generen violencia, sino que suelen propiciarla cuando se les añade el consumo desenfrenado de alcohol y la imposibilidad de controlar el porte de armas o el comportamiento de los asistentes. Y si un vecino osa quejarse del estruendo, es casi seguro que será atacado. En el fondo está implícito un problema mucho mayor: la falta de espacios recreativos para la juventud en Cartagena, incluso para los estratos altos. La música y el baile, sobre todo acompañados por el alcohol, parecen ser las únicas opciones para divertirse, y como la diversión es una vía de escape a las tensiones, a veces conduce a los excesos. Los muchachos de barrios populares no tienen, por ejemplo, canchas deportivas y mucho menos incentivos para practicar una disciplina atlética, de manera que sólo una pequeña minoría, luchando contra todos los obstáculos, puede hacerlo. Quienes pusieron el grito en el cielo al conocer la medida, más por afán de lucro que por amor a las tradiciones culturales y artísticas populares, deberían convocar a la comunidad a buscar alternativas de diversión, incluso musicales o bailables, pero sin alcohol, drogas ni exceso de ruido, que lo pervierten todo.
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