Uno de los asistentes desenfundó una pistola de 9 milímetros y mató al patrullero Samir Manuel Montes, de 26 años de edad, de un disparo en la cabeza. Otros 4 policías fueron heridos, uno de ellos a bala en el brazo y los demás con “armas contundentes” esgrimidas por varios de los parranderos.
A las 12.30 de la mañana de antier, ocurrió algo similar en Bayunca, pero con resultados distintos. El vecindario se quejó del picó que sonaba donde “El Chino”. La policía fue a solicitar que lo apagaran y los agentes fueron atacados a piedra. Uno fue apuñaleado en el hombro. Otro uniformado sacó su arma para defenderse y según los vecinos, mató a un transeúnte e hirió a dos personas más. Las investigaciones determinarán la responsabilidad de la Policía y de los agresores en este caso también terrible donde murió otro joven de apenas 22 años.
Algo muy serio sucede alrededor de los picós y sorprende la violencia de mucha de la gente que los frecuenta y su incapacidad para entender que no puede continuar utilizando aparatos de sonido en sitios públicos donde afecten al vecindario. No debería ser demasiado difícil comprender que el derecho al descanso de muchas personas prima sobre el derecho a la parranda de unos pocos y al negocio de licor del dueño de un establecimiento.
También sorprende el poco respeto de la gente por la Policía, a la que se siente con derecho a agredir a pesar de que trata de hacer cumplir la ley, para lo cual fue entrenada y contratada por el Estado.
Carlos Díaz Acevedo, columnista de El Universal, resaltando que los picós sonaban en Cartagena por encima de la prohibición reciente de la Alcaldía, opinó así el miércoles 27 de junio pasado:
“¿Cómo es posible que se pueda organizar y llenar un baile de picó un lunes o martes por la noche?, me pregunto. ¿Cómo es posible que se sigan dando y llenando especialmente con pelaos?, me sigo preguntando. Por un asunto de obligaciones, creo yo. Porque las obligaciones de quienes participan en general en estos bailes (que son más que bailoteos) con el Estado, el Gobierno, la familia, el trabajo, la escuela, la Iglesia, o con la sociedad en general, no existen, o en el mejor de los casos son enclenques”.
Valdría la pena indagar en serio la marginalidad de parte de la población, que por sentirse abandonada por el Estado, no acata sus obligaciones hacia éste, según sugiere Díaz Acevedo.
Mientras tanto, el Distrito tiene que esforzarse mucho más para hacer entender a todos los ciudadanos que la libertad individual termina donde empieza la del vecino, y que ninguna conducta abusiva es permisible, incluida la de hacer ruido.
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