Uno de los logros más importantes de la administración de Judith Pinedo Flórez fue el Plan de Revitalización del Centro Histórico, para convertirlo en sitio de convivencia entre habitantes de la ciudad y turistas.
Las obras principales de este plan son el paseo peatonal y parque de Puerto Duro y la remodelación de las plazoletas Benkos Biohó y Joe Arroyo, de la Plaza de la Aduana y del Parque del Centenario. En este último se incluye un sistema hidráulico que acabará con la entrada de la marea a la calle en inmediaciones del Camellón de los Mártires.
Las dos plazoletas, conocidas antes como Telecom y Olímpica, tuvieron la mayor transformación en un espacio del Centro Histórico de Cartagena. Además de recuperar el espacio público invadido por comerciantes informales (algunos con respaldo formal) y vehículos, se construyeron zonas especiales con bancas para descanso y tertulias y se ampliaron las zonas verdes.
Preservar estas plazoletas, y las demás que se transformaron en sitios para el deleite y la conversación, requiere el compromiso de sus principales beneficiarios: la comunidad cartagenera, que no solo debe usar sus espacios sin deteriorarlos y mantenerlos limpios y atractivos, sino que debe impedir que otros los destruyan.
Este compromiso incluye no utilizar las plazoletas como estacionamiento de vehículos, especialmente por las noches, período en que pueden ser más usadas por propios y visitantes.
A principios de este mes, publicamos unas fotos que muestran la ocupación ilegal del espacio público y el vandalismo en las plazoletas Benkos Biohó y Joe Arroyo.
En la primera, se robaron parte de las bancas, en la segunda hay carros parqueados, y en ambas han arrancado parte de la vegetación, lo que fue atribuido por la Alcaldía a la falta de vigilancia y a la reinvasión de vendedores.
Lo paradójico es que ambas plazoletas son visitadas por mucha gente en las últimas horas de la tarde y en la noche, y ese uso constante debería impedir tanto el saqueo y la destrucción, como la invasión del espacio público.
En otras ciudades, como Medellín, es la propia comunidad que usa los espacios colectivos la que los defiende y protege, como también es el caso del Metro y del Metrocable, que llega a los barrios más apartados y marginales de la capital antioqueña.
Es inaudito que un esfuerzo enorme de revitalización de espacios ciudadanos, cuya finalidad es precisamente para beneficio de la comunidad, sea depredado sin que sus beneficiarios lo defiendan a capa y espada.
El Gobierno distrital anunció la vigilancia permanente y una campaña de cultura ciudadana para fortalecer la convivencia y el respeto, pero es imprescindible la participación activa de la comunidad para que estas medidas tengan éxito en su propósito de conservar las plazas y ampliar su uso en actividades culturales y en tertulias que consoliden el sentido de deleite colectivo.
Ojalá este esfuerzo sea complementado con la acción decidida de los ciudadanos –por lo menos al denunciar a los infractores- para impedir la destrucción de lo que es de todos. La sanción social también tiene que comenzar a operar.
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