El paro de los buses de transporte urbano en Bogotá tiene a la capital sumida en un caos enorme, porque la mayoría de sus habitantes los usa para moverse hacia donde trabaja o estudia, o para cumplir sus obligaciones cotidianas. Esta vez no es una protesta contra el pico y placa, las salidas de vehículos de ciertas rutas o los plazos para la reposición. El asunto ahora es más serio, porque el Gobierno distrital de Samuel Moreno enfrenta la presión de un grupo de transportadores que rechaza el proceso para implantar el llamado Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), el proyecto más grande de movilidad que se ha concebido en Colombia, y que acabará con los abusos y el mal servicio que prestan los buses afiliados a Apetrans. Precisamente por eso, porque el SITP pondrá punto final al esquema abusivo e ineficiente que impusieron empresarios y dueños de buses desde hace más de 40 años en Bogotá y en muchas otras ciudades capitales de Colombia, es por lo que un sector minoritario de transportadores se opone rabiosamente a él. Y no es una protesta –que sí se justificaría– de los conductores de esos buses, esclavos verdaderos que deben trabajar más de ocho horas, y que carecen de los beneficios de un puesto formal, como la seguridad social y que diariamente deben entregar una cantidad fija de dinero al dueño del vehículo. Quienes lideran el paro son los empresarios, porque con el nuevo sistema saldrán de operación los buses viejos, y los transportadores que quieran operar en el nuevo esquema, deben contratar a los conductores con las condiciones de ley, hacer mantenimiento constante a los vehículos y dejar de exigir cuotas diarias, porque no se pagará el pasaje en efectivo, sino con tarjetas electrónicas. Por supuesto, el paro de Bogotá está perjudicando a la ciudadanía que se quedó sin medio de movilizarse, pero al mismo tiempo está demostrando que el sistema Transmilenio es la solución ideal, pues gracias a su existencia, el caos no ha sido de características peores. Ese grupo minoritario de transportadores no acepta que el servicio que prestan ellos ya no sirve, y se niegan a perder las ganancias grandes que les reportaba sistema de transporte colectivo el viejo e inhumano. Es decir, es una protesta egoísta, porque reclama el mantenimiento de sus privilegios a costa de los pasajeros, castigados porque el nuevo sistema les prestará un servicio más cómodo y, sobre todo, mucho más seguro. Los colombianos, y especialmente, los habitantes de Cartagena, debemos seguir muy de cerca el desarrollo del paro de Bogotá y su desencadenamiento, porque probablemente tengamos que padecer problemas similares cuando empiece a funcionar nuestro SITP. Transcaribe también está diseñado para ordenar y ofrecer el servicio de transporte urbano de pasajeros en condiciones óptimas de calidad, y seguramente hay empresarios que se negarán a perder sus privilegios, de los que gozan a costa de maltratar al usuario y de explotar a sus conductores, dos características que, entre otras cosas, les garantizaron el éxito a las mototaxis.
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