Desde el pasado jueves, en América Latina se ha conmemorado el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con un clamor para que cesen el maltrato y el abuso en todas sus formas: la violencia en el hogar, las violaciones, la trata de mujeres y niñas, la prostitución forzada, la violencia en situaciones de conflicto armado, la esclavitud sexual y el embarazo forzado.
En Cartagena, y en casi todas las capitales de Colombia, los colectivos y organizaciones de mujeres salieron a la calle con carteles de rechazo a todas las manifestaciones de violencia en su contra, en un acto de reafirmación de sus derechos inalienables y de su papel activo en todos los sectores de la sociedad.
Hace varios años, el entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan, dijo ante la Asamblea General que la violencia contra la mujer “es quizás la más vergonzosa violación de los derechos humanos” y añadió después que mientras continúe, “no podremos afirmar que hemos realmente avanzado hacia la igualdad, el desarrollo y la paz.”
Las mismas palabras podrían decirse hoy, y todos sentiríamos una vergüenza mayor, porque las estadísticas demuestran que en Colombia y en el mundo aumentaron los casos de agresión, sojuzgamiento, abuso y violencia contra las mujeres.
No es que la comunidad internacional no haya intentado establecer un marco legal global para castigar cualquier maltrato o abuso, porque desde la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1993, se aprobó la Plataforma de Acción, adoptada en Beijing en 1995, y se han propuesto las medidas recomendadas por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas en su período de sesiones de 1998.
Muchas de esas iniciativas, que exigen apoyo estatal a las organizaciones no gubernamentales que combaten la violencia contra las mujeres, chocaron muchas veces con la indiferencia de ciertas instancias oficiales, pero sobre todo, con la falta de conciencia de otros sectores de la sociedad que no luchan en la práctica para defender a las mujeres, y con los problemas que impiden la investigación criminal adecuada y la aplicación oportuna de la justicia.
En Colombia hay una modalidad de violencia antigua contra las mujeres, pero no se ha atendido con dedicación y energía: la violencia sexual en el marco del conflicto, de la que no se tiene información precisa ni estadísticas para entender sus dimensiones.
La Defensoría del Pueblo dijo ayer que las mujeres, “además de ser víctimas de las múltiples violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH que afectan en general a la población civil, siguen siendo víctimas de la violencia sexual como mecanismo de intimidación y control sobre sus actividades”, una aseveración que debería atenderse por encima de otras prioridades.
No hay derecho a que todos los años hagamos los mismos reclamos y la situación no varíe: es preciso que la labor creciente contra el maltrato a las mujeres encuentre eco en el resto de la sociedad.
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