Editorial


Recuperación del espacio público

Ayer hubo operativos importantes para desalojar invasores de las playas del sector turístico, parte de la labor que viene realizando con solvencia la oficina de Espacio Público, que intenta recuperar las áreas de todos para el disfrute general. Durante muchos años, los vendedores ambulantes y estacionarios en áreas públicas eran parte de la cauda de algunos politiqueros, que entorpecían de inmediato cualquier intento de recuperar las áreas de todos. No terminaban de llegar quienes las restituirían, cuando ya los “padrinos” poderosos estaban al teléfono para frenar la labor (todavía sucede, pero con muy poca efectividad). A cambio, tenían los votos cautivos de estas personas necesitadas. La complacencia oficial, que llegó a otorgar carnets, desembocó en la llamada “confianza legítima”, jurisprudencia que determinó que quienes estaban en un espacio público con la anuencia de las autoridades, no podían ser removidos sin compensación. Para recuperar las áreas comunes, la Administración ha recurrido principalmente a la llamada “reconversión”, que consiste en negociar la confianza legítima con quien la tenga. Está claro que quienes no tengan el privilegio de la confianza legítima, no podrán ocupar el espacio público ni serán sujetos de compensación obligatoria. Son apenas un caso policivo. Afortunadamente, ya hay políticas de acompañamiento para tratar de que las personas no malbaraten la suma recibida, y se conviertan en negociantes formales con empresas legítimas, aunque sean muy pequeñas. El uso del espacio público y su recuperación, entonces, ha tenido una atención apenas esporádica en las administraciones distritales, y algunas fueron cómplices del despojo. Como excepción a la regla de la negligencia oficial, recordamos los esfuerzos de la Operación Lechuza, del ex alcalde Carlos Díaz Redondo, que obligaba a los invasores a desmontar su mobiliario todas las noches y llevarlo a guardar a otro sitio, quedando las calles despejadas. No recuperó áreas de manera definitiva, pero la Operación Lechuza sirvió para crear conciencia de que los invasores no eran dueños de lo invadido. Este esfuerzo no lo continuaron las administraciones siguientes, así que se volvió a perder terreno hasta la llegada de Pinedo, cuya oficina de Espacio Público comienza a tener momentum, especialmente con la gestión de Adelfo Doria. En el caso de las playas, es urgente que se reglamenten, ya que un uso ordenado permitiría que mucha de la gente desalojada pueda retornar, pero en condiciones formales y con salarios legales dignos, además de tener todos los privilegios laborales de ley. Aunque el Distrito puede hacer –y hace- una labor buena al capacitar personas “reconvertidas” para volverlas dueñas de sus negocios, una de las mejores formas de crear trabajo digno es asegurándose de que la ciudad sea atractiva para los inversionistas nacionales y extranjeros. La competitividad no puede perderse de vista. Es indispensable seguir desestimulando y reprimiendo la informalidad donde no haya otra opción, pero también es impostergable crear alternativas de trabajo para los desempleados.

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