La reocupación del espacio público en el sector de El Amparo ratifica por estos días lo que ha sido una costumbre de los últimos 10 años en Cartagena: las zonas desalojadas son invadidas nuevamente por los mismos vendedores informales retirados o por nuevos, convirtiendo el asunto en un círculo vicioso. Igual ha pasado en ciertos sectores de la Avenida Venezuela y en algunas calles del Centro Histórico, aunque en este último caso la reocupación no es permanente. Según dijo el alcalde de la Localidad Industrial de la Bahía, como lo reseñamos en una nota que se publica hoy en las páginas locales, algunos de los que volvieron a invadir el sector de El Amparo son los mismos que se retiraron del lugar luego de recibir compensaciones pagadas por el Distrito, una circunstancia que dificulta todo el plan de recuperación del espacio público, una condición imprescindible para proyectos como Transcaribe o para la ampliación de las zonas recreativas y los parques en la ciudad. En el caso de El Amparo, quienes varios dueños de kioscos demolidos por la Gerencia de Espacio Público, ahora regresaron a vender en carretillas o en precarios puestos que se colocan y retiran rápidamente. La reinvasión del las zonas desalojadas no sólo implica el peligro de que se pierdan grandes cantidades de dinero que se pagaron en compensaciones, sino que entorpece la decisión de hacer de Cartagena una ciudad ordenada, amable y con ambiente sano. Si la situación se generaliza, habrá sido inútil la labor realizada con mucho esfuerzo por la Gerencia de Espacio Público y Movilidad Urbana, un primer paso indudable para devolverles la ciudad a sus habitantes. Los vendedores informales que recibieron entre 6 y 7 millones de pesos de compensación y que han regresado a invadir el lugar están cometiendo un delito y están convirtiendo una reivindicación del derecho al trabajo consagrado en el artículo 25 de la Constitución en un negocio ilegal. De paso, frustran el costoso y complejo plan de reubicación y reconversión laboral que la Administración distrital está poniendo en marcha con la mejor buena voluntad y que podría ser el comienzo de una transformación económica y social que contribuya a disminuir la pobreza, no con programas asistencialistas sino con proyectos productivos. En este y otros casos, no le queda a la Administración distrital otra alternativa diferente a la aplicación decidida de la autoridad, amparada en las acciones legales correspondientes, aunque se corre el riesgo de que los oportunistas, insaciables y ambiciosos abogados de siempre invoquen razones sociales y derechos fundamentales para legitimar lo que a todas luces es un delito. La ciudadanía debe aportar también su grano de arena para que el esfuerzo de recuperación del espacio público no se pierda, y con él la institucionalidad y el derecho de todos a usar sin restricciones los espacios colectivos. Una forma de colaborar sería abstenerse de comprarles a quienes invaden el espacio público, especialmente a quienes lo volvieron a ocupar luego de ser desalojados, con lo cual están protegiendo además sus derechos como consumidores, puesto que todo lo que compren allí carece de garantía.
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