En uno de los episodios más vergonzosos de la historia colombiana en muchos años, 12 congresistas decidieron darle un giro inaceptable a la reforma a la justicia, colgándole todos los “micos” que se le habían ido retirando a lo largo de su tránsito parlamentario, por cierto prolongado.
A puerta cerrada, los congresistas redujeron la posibilidad de sancionarlos y convirtieron en misión imposible su juzgamiento. Y como si fuera poco, casi dejan en libertad a los vinculados con procesos por parapolítica y a muchos altos funcionarios relacionados con casos como el de Agro Ingreso Seguro.
Los representantes Alejandro Carlos Chacón Camargo, Carlos Edward Osorio, Roosvelt Rodríguez Rengifo, Gustavo Puentes Díaz, Orlando Velandia Sepúlveda y Germán Varón Cotrino; y los senadores Juan Manuel Corzo, Juan Carlos Restrepo, Jesús Ignacio García, Martín Emilio Morales, Eduardo Enríquez Maya y Luis Fernando Duque, conciliadores de las dos cámaras legislativas, modificaron sustancialmente los textos aprobados, reviviendo los exabruptos criticados por todos los sectores del país.
El más descarado de tales exabruptos fue la eliminación de un parágrafo que prohibía invocar el acto legislativo de reforma a la justicia para revocar providencias, lo cual ya empezó a tener efectos en los procesos contra exfuncionarios del Estado, como Bernardo Moreno, cuya audiencia fue suspendida ayer por la Corte Suprema, precisamente debido a la entrada en vigencia de la reforma.
Los beneficios evidentes para los congresistas, aprobados por ellos mismos en el acto más cínico y falto de ética, abren paso a la mayor conspiración a favor de la impunidad, impulsada por la mayor parte de los congresistas de la Unidad Nacional.
Esto significa que lo que prometía ser la solución a los problemas de congestión, tardanza y falta de equidad en el acceso a la justicia, es ahora una puerta abierta para que se suspendan todos los procesos a los altos funcionarios de la pasada administración, como Andrés Felipe Arias, Diego Palacio, Bernardo Moreno y Edmundo del Castillo.
Las inhabilidades que eran causales de suspensión de congresistas, como haber sido condenados por delitos culposos, haber sido empleados públicos un año antes de la elección, haber participado en gestión de negocios con entidades públicas, entre otras, desaparecieron en la conciliación.
Lo que indigna más es que un parágrafo transitorio agregado permite que los procesos contra congresistas que estén pendientes de fallo, regresen a primera instancia, invalidando lo avanzado.
Es evidente que los congresistas legislaron en beneficio propio, pero como en este país se aprueban leyes absurdas, un artículo de la reforma política que elimina los conflictos de intereses en el trámite de actos legislativos, les ha dado el blindaje necesario para producir este vergonzoso, inaceptable y descarado engendro que pone al país a la par que las dictaduras acomodaticias y corruptas.
Los colombianos no podemos quedarnos cruzados de brazos ante este golpe a la democracia y es preciso apoyar las iniciativas tendientes a pedir un referendo que revoque semejante esperpento legislativo.
Un Congreso capaz de aceptar lo sucedido avergüenza al país y le allana el camino a una corrupción peor que la vista hasta ahora.
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