La destitución de la Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio, ocurrida ayer, no debería tomar por sorpresa a nadie, puesto que a la Dra. Piedad Rojas R. ya la habían visitado algunos miembros de Junta en dos ocasiones para solicitarle la renuncia.
Según Rojas, fue informada de que el órgano directivo no tenía “química” con ella, lo que la motivó a escribirle a los 9 miembros de la Junta y a los 9 suplentes una carta relatando lo anterior y otras prácticas que ella consideró lesivas para los principios de buen gobierno en la Cámara.
Como era de esperarse, una carta para 18 personas, de una naturaleza tan grave, dejó de ser un secreto en pocas horas y de un día para otro la tenían en su poder varias personas y medios, incluido El Universal, que se refirió a algunos apartes en este mismo espacio y la publicó completa en nuestra página web, en donde aún se puede leer junto con los documentos más recientes.
Ayer la entidad emitió un comunicado donde decía que “luego de analizado el sendero propuesto por la Cámara de Comercio (de Cartagena) para el logro de sus objetivos estratégicos, tomó la decisión de adoptar una serie de medidas que le permitan alcanzar sus metas año 2011 y 2012; entre las cuales se decidió un cambio en la Presidencia Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena.
“A pesar de que se trata de un asunto de competencia legal y estatutaria de la Junta Directiva, el cual es estrictamente administrativo y por ende interno de la entidad; se expide este comunicado…;”
La Cámara de Comercio de Cartagena está en lo cierto en cuanto a su “competencia legal y estatutaria” para contratar o despedir a la Presidente Ejecutivo, pero como la entidad es un patrimonio de los empresarios locales, de la región y del país, y no exclusivamente de los miembros de su Junta Directiva, los señalamientos de la Presidente Ejecutivo saliente no pueden ser pasados por alto.
Tampoco debería la Junta intentar ponerle una tapa hermética a lo que puede o no estar sucediendo allí, como si fuera un asunto meramente interno y administrativo. Después de todo, la Cámara funciona con dineros del Estado y con fondos privados de sus afiliados e inscritos.
Lo más sano sería que la propia Junta Directiva solicitara a los entes competentes una investigación completa de las aseveraciones hechas en su carta por la Presidente Ejecutivo saliente. Tales señalamientos no pueden quedar en el aire, y además, una mirada adentro de la Cámara por expertos contribuiría a mejorar su funcionamiento para bien y tranquilidad de la Junta y la comunidad cartagenera.
La Cámara de Comercio de Cartagena no puede quedar ensombrecida por las dudas planteadas por la ex Presidente Ejecutivo. También deberían quedar desvirtuados los comentarios callejeros de que allí se dan algunas prácticas de la politiquería.
Lo anterior no se logrará con comunicados de prensa, sino con una investigación concienzuda de la Superintendencia y de las demás entidades a que hubiere lugar, auspiciada –como ya sugerimos- por la propia Junta de la Cámara.
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