La seguridad alimentaria es considerada generalmente como el derecho de todas las personas a tener alimentos sanos y nutritivos a su alcance. Siempre ha habido la discusión entre la necesidad de producir alimentos de exportación, y sembrar los que requieren los habitantes de un país a buen precio y oportunamente. Las dos políticas deberían ser complementarias, y no antagónicas. Es decir, la producción de alimentos de un país debería alcanzar en primer lugar para que sus habitantes coman bien y barato, para que luego se exporten los excedentes. La seguridad alimentaria no es compatible con la siembra de grandes extensiones de tierra con un solo producto, sino con la siembra de los frutos de la canasta básica en muchos lugares, para que la comida de la gente abunde y sea barata. Quienes se han ocupado de la seguridad alimentaria de Colombia han sido los campesinos, en cuyas parcelas -en el caso de la Costa Caribe- siembran yuca, frijoles, ñame, maíz, zaragoza, arroz secano y demás productos de pancoger cuyos excedentes van a dar a los mercados de las ciudades y barrios. Las épocas de siembra normales en este Litoral, antes de que las alteraciones climáticas las volvieran inciertas, eran las que se hacían entre abril y junio, y luego entre julio y noviembre. Las lluvias eran cumplidas y se perdían pocos cultivos. En lo que va de este año, especialmente de la “segunda”, la Costa Caribe atraviesa por una sequía inclemente que amenaza con una hambruna para las mayorías pobres, y con un encarecimiento de la canasta familiar para todos los demás. Reiteramos que no es lógico que en Bolívar haya sequía a la orilla del Canal del Dique, donde se debería poder tomar el agua con facilidad y economía para irrigar las tierras aledañas. Para lograrlo se necesita que el Estado meta la mano, pues muy poca gente puede montar por sí sola una infraestructura de riego suficiente. Tampoco convendría duplicar esfuerzos entre los pocos pudientes capaces de invertir en la irrigación. Algunos que lo han hecho, en vez de recibir estímulos del Estado, son sometidos a “boleteos” por parte de algunos funcionarios públicos por tomar un poco del agua que corre hacia el mar. Si hubiese una política oficial positiva para la irrigación, el Departamento no estaría padeciendo ahora el fracaso de muchas de las cosechas de pancoger, que son precisamente las indispensables para que haya seguridad alimentaria. Menos mal que en muchas áreas urbanas de la Costa Caribe se han implementado los patios productivos, que en Cartagena fueron promovidos primero desde el SENA, en buena parte por Johnny Puente y sus técnicos, quienes regaron esa tecnología por Cartagena y sus áreas rurales, en las que también ha intervenido la FAO con otros adelantos. Los patios productivos ayudan a mitigar el hambre y en muchos casos, venden sus excedentes, por ejemplo, a algunos hoteles de Cartagena. Los gobernadores de la Costa Caribe deberían esforzarse por incrementar la irrigación en cada lugar que sea posible en sus departamentos, en vez de tener que reaccionar inoportunamente ante las crisis de hambre y de necesidad de sus campesinos y pobres urbanos.
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