Hace unos años, cuando se hablaba de la inseguridad local, siempre se consideraba el gran perjuicio que le causaba al turismo, tan sensible a la imagen que de una ciudad construyen los medios. Aunque todavía es pertinente considerar que turismo y seguridad son palabras que deben ir siempre juntas, y que el primero no puede desarrollarse sin la segunda, las acciones criminales se desbordaron hasta golpear a todos los sectores de la sociedad, de manera que ya no es sólo una preocupación centrada en la imagen, sino un asunto de vida o muerte. En la última década, la clase dirigente cartagenera parece haber entendido a cabalidad que la inseguridad no es asunto de percepción, sino una realidad demoledora, y si bien el turismo sintió sus efectos durante más de 20 años con la pérdida del flujo de visitantes internacionales, ahora que está recuperado, el golpe de la criminalidad se extendió a todos los estratos. La Policía redobla sus esfuerzos, la Administración distrital invierte en programas de seguridad, pero las cifras sólo muestran una pequeña disminución de los asesinatos y atracos, gracias sobre todo a un cambio de mentalidad de una parte de la ciudadanía, que entendió la necesidad de mantenerse vigilante, para dar aviso inmediato a las autoridades a la primera circunstancia sospechosa que detecte en su entorno. Sin embargo, hay una paradoja en el asunto de la colaboración ciudadana, que se convirtió en un círculo vicioso: cuando la ciudadanía decide apoyar a las autoridades, y se logra sorprender y capturar a los criminales, las decisiones de ciertos fiscales y jueces echan todo al suelo, produciendo a su vez que la comunidad se decepcione y considere que seguir alerta y en pie de lucha podía ser peligroso, de manera que al final se pierde esa valiosa colaboración. De hecho, todavía no hay una plena confianza de la gente en la eficacia de las autoridades, y hay quienes argumentan que sólo se observa a plenitud un buen resultado de los operativos de seguridad, cuando se realizan eventos importantes, que exigen el despliegue de más uniformados en las calles y el uso de sofisticados equipos de vigilancia. No sabemos si las cámaras de seguridad en las intersecciones viales han contribuido a evitar o a esclarecer los actos delictivos que se cometen a diario. Si esa evidencia ha sido aceptada y debidamente sopesada por fiscales y jueces para las investigaciones y los procesos. En realidad, sólo sabemos que la gran mayoría de los asesinatos cometidos en los últimos dos años siguen en la impunidad. Tampoco se ha informado sobre el destino de la propuesta de conformar una red de comunicaciones entre los taxistas y la Policía, y si esta colaboración ha permitido entregar a fiscales y jueces la suficiente evidencia para lograr condenas ejemplarizantes. ¿Sigue vigente y en plena operación el sistema de vigilancia electrónica con sus cámaras callejeras? ¿Han servido los videos captados por estas cámaras para procesar y castigar a los delincuentes? Son apenas dos de las decenas de preguntas que se hace la ciudadanía y que deben ser respondidas plenamente por la Policía y la Administración distrital. Mientras no tengan garantías de que sus denuncias sirven, los ciudadanos de Cartagena no se decidirán a colaborar plenamente en la lucha contra el crimen y la delincuencia.
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