El revuelo nacional que produjo el asesinato de dos personas en el sector de El Laguito es explicable porque Cartagena es la niña consentida de Colombia. A todos les preocupa que cualquier ciudad, y más una con magia y atmósfera romántica, se vuelva escenario del crimen. Lo escandaloso es que en los primeros 14 días de este año, 15 personas hayan sido asesinadas a bala en Cartagena, en distintos lugares pero casi de la misma forma: sicarios generalmente en moto disparan sobre su víctima y huyen de inmediato, aprovechando el laberinto de calles en los barrios más populosos. En el caso de El Laguito, aunque la geografía cerrada del sector Turístico, con una sola salida por tierra, dificulta enormemente la fuga, lo que posibilitó la captura de uno de los presuntos sicarios fue la reacción inmediata de la Policía, la Sijín y la Infantería de Marina, que instalaron retenes de manera instantánea. Las primeras informaciones apuntan a que fue una acción planificada desde otra ciudad, y encomendada para su ejecución a criminales que vinieron, actuaron y que pretendían irse enseguida, si lograban evadir el cerco policial. El caso se suma a decenas de otros asesinatos, cuyos orígenes no están en Cartagena, pero que se ejecutan aquí. Frenar esa ola de crímenes de sicarios requiere un esfuerzo que sobrepasa la capacidad local en inteligencia y operatividad, porque están implicadas grandes organizaciones del narcotráfico y el lavado de dinero, con ramificaciones en la ciudad, pero cuya estructura mayor está en otros sitios del país. Apenas el pasado miércoles, la alcaldesa Judith Pinedo le dijo al director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo, que aumentara las labores de inteligencia y la operatividad policiva en Cartagena, y el caso de ayer en El Laguito le da la razón de una manera trágica y aterradora. La acción de la Policía Metropolitana puede concentrarse en las ramificaciones de las grandes organizaciones criminales que hay aquí, dedicadas a la extorsión disfrazada de “grupos de protección” a tenderos y comerciantes de muchos barrios, o al préstamo agiotista que cobra sus deudas a punta de bala. El trabajo continuo e intenso para frenar a las pandillas y la violencia provocada por problemas familiares o personales, y contra la delincuencia común, ha permitido reducir sustancialmente delitos como lesiones personales, homicidios por causa distinta al sicariato, robos y atracos. Pero los asesinatos de contexto nacional, planificados por organizaciones poderosas, repletas de dinero, que también trafican armas y cuyo soporte son los ejércitos de sicarios jóvenes, a quienes mandan por todo el país a estos macabros encargos, deben ser enfrentados con toda la capacidad represiva de la Policía, la Sijín, los organismos de inteligencia, la Fiscalía y el sistema judicial en el país. La cantidad espeluznante de 15 asesinatos a bala en 14 días exige la aplicación de estrategias profundas y contundentes, y en esto no pueden dejar solas a las autoridades de la ciudad. Si este desborde criminal no es frenado, las consecuencias serán devastadoras, no sólo para la seguridad ciudadana, sino en la economía, la convivencia y los programas sociales.
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