Ayer El Universal decía en Primera Página que hasta las 6 de la tarde del viernes iban "Más de 28 vuelos cancelados" en el país. Sus pasajeros y dependientes se ven enormemente perjudicados por la llamada "operación reglamento", el eufemismo de la huelga escalonada y abusiva de los controladores aéreos. Sin ellos no es posible operar los aeropuertos.
Sus tácticas para retrasar vuelos ya son famosas, o mejor, infames. Una es obligar a los aviones a carreteos innecesarios, que con frecuencia duran más que los vuelos en sí. Otra táctica típica en Eldorado y Puente Aéreo es dirigir el avión a donde supuestamente desembarcarán los pasajeros, bien sea en la plataforma con buses auxiliares, o en una de las puertas oficiales de desembarco, y a último momento, abortar la operación en favor de otra más demorada. Su repertorio de demoras inducidas, aunque variado, ya es bastante evidente.
Las consecuencias inmediatas de estas demoras son obvias: los pasajeros pierden vuelos y los itinerarios incumplidos se acumulan durante el día y de un día para otro. Además de la indignidad de semejante trato contra todos los derechos de la gente, y de las incomodidades inmensas, hay citas fallidas de salud, de negocios y personales, que también se acumulan en el país y fuera de este, con pérdidas económicas tangibles para muchas personas en una cadena interminable de perjuicios nacionales y transnacionales.
Hay sobrecostos fáciles de medir, como cuánto más han pagado las aerolíneas en combustible y horas extras por carreteos y sobrevuelos innecesarios, o los hoteles y taxis que han tenido que usar los pasajeros que perdieron vuelos nacionales e internacionales.
Hay otro factor menos aparente pero más peligroso: el riesgo de una catástrofe aérea con muchos muertos como consecuencia de los sobrevuelos permanentes e innecesarios sobre los aeropuertos porque los señores descontroladores tienen las pistas y plataformas llenas de aviones con itinerarios retrasados.
Se sabe que mueren muchas más personas en accidentes automovilísticos que en aviones accidentados, pero esa no es razón para abusar, porque también es de sentido común elemental que es mejor que los aviones estén en el aire solo el tiempo indispensable para llevar y traer gente y carga, y que cualquier segundo adicional de vuelo incrementa las posibilidades de un accidente. Es una bellaquería enorme de los descontroladores aéreos decir que la gente no corre ningún peligro como consecuencia de sus acciones abusivas de su posición de poder y su irresponsabilidad pública.
El Estado no puede permitir que ningún grupo de interés, legítimo o ilegítimo, sindical o patronal, ponga en jaque a la sociedad entera por conseguir prebendas para sí mismos, aún si fueren razonables. A la vez, debería prever mecanismos distintos para atender las demandas justas de dichos grupos.
Por lo pronto, la desfachatez y el cinismo de los descontroladores aéreos deberían tener consecuencias legales y jurídicas severas para ellos, proporcionales a los daños causados a la comunidad.
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