Ayer visitaron El Universal 10 empresarios de Cartagena, la mayoría de Mamonal, muy preocupados por el incremento geométrico en el impuesto predial, por su imposición unilateral de parte del Distrito, por su no gradualidad, y por la falta de resultados de sus gestiones para mitigar los efectos del predial ante Hacienda distrital. Este incremento astronómico en el predial de Cartagena no fue tenido en cuenta para calificar a la ciudad como la última en Colombia en facilidad para hacer negocios, quedando en el puesto 21. Cuando este nuevo dato haga parte del estudio de “Doing Business” del año próximo, la ciudad afianzará su puesto deshonroso en la parte más baja de la nueva lista. Además de que el incremento es abrupto, riñe con la contracción económica mundial y nacional, mientras sus promotores parecen no entender nada, como tampoco parece comprenderlo suficientemente bien el Distrito. Hay un sesgo general contra la empresa privada, y además la creencia de que tiene un barril sin fondo lleno de dinero con que pagar cualquier cosa, y que sus quejas nacen de la mezquindad, y no de la realidad económica apabullante. Uno de los empresarios trajo su compañía a Colombia porque el Gobierno central le habló de unas condiciones atractivas para invertir en el país, que son diametralmente opuestas a las que encontró en Cartagena. Calculó que su empresa estaría montada en doce meses, y descubrió que si le va bien, la montará en 36 meses. La tramitomanía es excesiva y la falta de compromiso de los funcionarios es apabullante. Siente que está en un entorno de inseguridad jurídica que lo tiene al borde del regreso a su país, ya que cree que las condiciones y las reglas pueden cambiar de un momento a otro. En Cartagena hay más casos como el de este empresario. El Concejo acaba de comenzar sus sesiones, y es indispensable que se ponga a pensar en serio en las consecuencias para Cartagena al pasar de creerse la reina natural para el comercio exterior colombiano, a ser la bruja maligna para la creación de empresas. En Cartagena cuesta más la tierra, los impuestos son mayores, y la inseguridad contractual es delicada. Lo dijo Doing Business, y lo sintieron muchos industriales de carne y hueso. ¿Qué quiere decir todo eso para la ciudad? Pues ni más ni menos, que la inversión extranjera y nacional se espantará, y buscará alternativas con entornos más amistosos, dentro o fuera del país. ¿A quién le debería importar? Pues al Distrito, que cobrará menos impuestos si hay menos empresas, y tendrá menos plata para invertir en la comunidad. También a la población, porque tendrá muchísimo menos empleos menos, aunque los necesita desesperadamente. Cada empresa nueva genera unos empleos directos, pero los más importantes y numerosos son los indirectos, a través de las microempresas, que también pagan impuestos y aumentan la masa crítica de la economía local. La colaboración entre los sectores público y privado cobra más importancia ahora que se elaboran los estatutos tributarios, que deberían ser el fruto de un consenso donde gane la ciudad.
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